viernes, 30 de octubre de 2026
 
     
El Senado reformó la ley de salud mental

Con 42 votos a favor y 21 en contra, se modificaron criterios de internaciones, equipos médicos, adicciones e intervención familiar. Pasa a Diputados.



El Senado aprobó durante la madrugada una reforma integral a la ley de salud mental vigente desde 2010 e inmediatamente la giró a la Cámara de Diputados para su tratamiento. La iniciativa cosechó 42 adhesiones y 21 rechazos en la votación en general, y plantea modificaciones sustanciales respecto de la norma impulsada en su momento por el kirchnerismo, que con el paso de los años acumuló críticas e innumerables pedidos de actualización. Entre los puntos centrales del proyecto se destacan cambios en los criterios para las internaciones involuntarias, una redefinición del concepto de adicciones, ajustes en la composición de los equipos médicos encargados de tomar decisiones complejas e incorporación de la intervención familiar como factor relevante. La nueva normativa otorga prioridad a los psiquiatras, aunque en las horas previas a la votación se acordó incluir a los psicólogos dentro de los grupos interdisciplinarios, luego de presiones provenientes de distintas provincias e instituciones universitarias. Además, se incorporó la figura del "financiamiento federal" tras reclamos de distintos bloques. La senadora libertaria Ivanna Arrascaeta, de San Luis, actuó como miembro informante y abrió el debate destacando que el proceso incluyó exposiciones de más de 70 representantes de instituciones, asociaciones civiles e integrantes del ámbito jurídico. Cuestionó duramente la ley actual, señalando que "la internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia". Aportó cifras sobre los casi 16 años de vigencia de la norma actual, alertó sobre un incremento del 70% en las hospitalizaciones públicas tras la pandemia e indicó que los resultados fueron "insuficientes" para garantizar derechos efectivos. En la vereda opuesta, el senador Guillermo Andrada, de Catamarca, quien recientemente abandonó el kirchnerismo para volver al justicialismo, defendió la ley vigente al tiempo que reconoció sus limitaciones. Desde su condición de médico, apuntó a la "falta de recursos" como obstáculo central e insistió en que no es posible sancionar una ley que prometa lo que el Estado no puede cumplir. Para Andrada, la norma de 2010 nunca tuvo la oportunidad real de demostrar su efectividad. El senador misionero Carlos Arce también se mostró crítico, al igual que su colega de bancada Elizabeth Rojas Decut. Ambos cuestionaron el financiamiento previsto en el proyecto. Quien aportó una mirada más concreta sobre la realidad del interior del país fue la senadora radical e ex vicegobernadora del Chaco, Silvana Schneider, quien con ejemplos directos ilustró las dificultades que enfrentan las familias en localidades pequeñas. "Hoy el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo", advirtió. En sintonía, la senadora oficialista fueguina Belén Monte de Oca sostuvo que "se confundió libertad con abandono". El ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora criticó que se avance en legislación sin debatir cómo se financia la salud mental, e indicó que fue un "error de enfoque" no haber considerado proyectos presentados con anterioridad. La médica e ex gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci coincidió con esa postura desde el cristinismo. El cierre del debate estuvo a cargo de la senadora Patricia Bullrich, quien describió la tensión generada entre psiquiatras y psicólogos durante el proceso de discusión. Destacó que ambas disciplinas son necesarias para abordar los trastornos de salud mental en la comunidad, e insistió en que la normativa anterior dejaba sin herramientas a quienes debían intervenir ante situaciones de riesgo grave, violencia familiar u otras emergencias vinculadas a la salud mental.
   
     
 
 
 
 
 
 
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