jueves, 29 de octubre de 2026
 
     
La Corte admitió demanda bonaerense por subsidios

El máximo tribunal aceptó el reclamo de Buenos Aires contra la eliminación del fondo de transporte y dio 60 días a la Nación para responder.



La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para entender en la demanda que presentó la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País. El tribunal le otorgó al gobierno nacional un plazo de 60 días para responder el planteo, que busca que se declare inconstitucional la supresión de ese mecanismo financiero creado por ley para sostener el transporte urbano e interurbano fuera del Área Metropolitana. El fallo fue suscripto por los tres integrantes del tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Esta causa se convirtió en el antecedente directo de reclamos similares presentados por otras provincias. En la misma jornada, la Corte también se declaró competente en las demandas interpuestas por La Rioja y La Pampa, aunque en el caso riojano el tribunal exigió la presentación de un nuevo escrito inicial dentro de los 10 días para que el expediente continúe por la vía del juicio ordinario. El conflicto tuvo su origen el 8 de febrero de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei anunció que dejaría de transferir esos recursos a las provincias. Poco después, el artículo 18 del decreto de necesidad y urgencia 280/2024 formalizó la eliminación del fondo, conocido como FCI, que había sido creado por el artículo 125 de la ley 27.467. La provincia de Buenos Aires sostuvo que el mecanismo seguía plenamente vigente al momento de su supresión. La ley 27.701 había prorrogado su funcionamiento durante 2023 y el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024. Además, una resolución del Ministerio de Transporte había fijado la distribución de recursos para los primeros cuatro meses de 2023, y la provincia había suscripto convenios con la Nación que confirmaban la continuidad del beneficio. En ese marco, el fisco bonaerense denunció que no recibió transferencias durante todo 2024 y reclamó los fondos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, junto con los intereses acumulados. Una vez que la Nación conteste la demanda u opere el vencimiento del plazo, el tribunal evaluará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas a través de la medida cautelar solicitada. La acción judicial fue iniciada por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Rodolfo Gómez, junto a Jorge Mario Bru. Los representantes de la provincia cuestionaron que el Poder Ejecutivo Nacional haya utilizado un decreto de necesidad y urgencia para derogar un fondo creado por el Congreso mediante ley, lo que consideraron una violación del principio de legalidad, de la división de poderes y de la lealtad federal, entendida como el deber de cooperación y coordinación entre la Nación y las provincias. Según el planteo bonaerense, la quita del FCI tuvo consecuencias directas sobre los usuarios del transporte en los municipios que recibían compensaciones, derivando en incrementos de tarifas. La procuradora fiscal había emitido en mayo de 2024 un dictamen favorable a la intervención de la Corte, criterio que el tribunal finalmente adoptó al ordenar notificar el traslado de la demanda al Ministerio de Economía de la Nación.
   
     
 
 
 
 
 
 
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