jueves, 29 de octubre de 2026
 
     
Cautelar contra Sea Lion sigue en pie

La jueza Borruto sumó a Tierra del Fuego a la causa contra Rockhopper y Navitas, pero con facultades limitadas, y rechazó incorporar al Estado nacional.



La jueza federal Mariel Borruto admitió la participación de la provincia de Tierra del Fuego en el expediente judicial contra el proyecto petrolero Sea Lion y confirmó la vigencia de la medida cautelar que impide a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum iniciar, continuar u ejecutar cualquier tipo de obra. Eso incluye perforaciones, infraestructura submarina, unidades flotantes de producción e instalaciones terrestres o portuarias. La resolución fue firmada el 27 de octubre y notificada al día siguiente mediante cédula electrónica. El expediente fue impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego había solicitado sumarse al proceso, y si bien la jueza lo aceptó, estableció que su rol será accesorio y subordinado a la parte actora, sin posibilidad de ampliar el objeto de la demanda ni introducir pretensiones propias. La magistrada fundamentó esta decisión en que la Fiscalía provincial no presentó una posición diferenciada respecto de las partes que ya integran la causa. En su escrito del 23 de septiembre, la Fiscalía declaró coincidir con el CECIM y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) en el objetivo de prevenir el daño ambiental colectivo, y reservó para otras instancias sus reclamos sobre titularidad de recursos naturales e indemnizaciones. Bajo estas condiciones, Tierra del Fuego podrá formular alegaciones, aportar pruebas y presentar elementos de juicio, pero dentro de los límites que marca la acción original. Borruto también rechazó el pedido de la Fiscalía de incorporar requisitos adicionales a las condiciones de revisión de la cautelar. No ordenó que Rockhopper y Navitas presenten pólizas de seguros y garantías ambientales, ya que los informes solicitados en septiembre aún no fueron incorporados al expediente y las empresas demandadas todavía no fueron notificadas, dos condiciones que el propio tribunal había establecido como necesarias antes de reevaluar el alcance de la medida. La cautelar original, dictada el 16 de septiembre, detuvo las obras hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina competente. El proyecto Sea Lion contempla 23 pozos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. La primera extracción de crudo está prevista para el primer trimestre de 2028. Navitas controla el 65% del emprendimiento y Rockhopper el 35% restante. En otro orden, la jueza rechazó el pedido de la Fiscalía fueguina de incorporar al Estado nacional al proceso. Borruto aclaró que ya había solicitado en septiembre informes a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, a la Secretaría de Energía y a la Cancillería, cuya incorporación al expediente aún está pendiente. "La sola condición de legitimado ambiental, o la existencia de competencias nacionales relacionadas con el emprendimiento, no impone su participación necesaria en todos los procesos de tutela del ambiente", sostuvo la magistrada. La incorporación de la Fiscalía provincial al expediente no fue voluntaria: respondió a una resolución de la Legislatura de Tierra del Fuego que, en septiembre, instruyó al Poder Ejecutivo provincial y a la Fiscalía a intervenir en la causa. La iniciativa fue impulsada por el legislador Matías Lapadura, del bloque Provincia Grande, y requirió al gobierno de Gustavo Melella que pusiera a disposición del tribunal información técnica y administrativa sobre las Islas del Atlántico Sur y las obras de Sea Lion. También le exigió informar a la Cámara las medidas adoptadas en un plazo de 30 días. El argumento central de esa iniciativa fue que tanto la infraestructura logística proyectada en Puerto Argentino como las instalaciones marítimas del proyecto involucran territorio y espacios marítimos que corresponden a la provincia, en virtud de la Ley de provincialización 23.775.
   
     
 
 
 
 
 
 
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