jueves, 29 de octubre de 2026
 
     
Buenos Aires reforma el sistema de puntos en licencias

La Legislatura porteña analiza un proyecto que cambia cuándo y cómo se descuentan puntos del carnet, e incorpora cursos para recuperarlos.



La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires analiza una reforma profunda al sistema de scoring de las licencias de conducir. El proyecto elimina el descuento automático de puntos que hasta ahora se aplicaba cuando un conductor optaba por pagar voluntariamente una multa de tránsito. Con el cambio, perder puntos requerirá una resolución administrativa firme o una sentencia judicial que lo establezca expresamente. Hasta ahora, quien pagaba una infracción de manera voluntaria en el ámbito porteño perdía puntos en su licencia de forma inmediata. La iniciativa —identificada como despacho 0750-26 e impulsada por el bloque de La Libertad Avanza junto a un proyecto del jefe de Gobierno Jorge Macri— elimina ese mecanismo automático. El pago voluntario continúa disponible e incluye un descuento del 50% sobre el monto de la multa, pero ya no implica por sí solo la quita de puntos. La reforma modifica dos normas centrales: el Código de Tránsito y Transporte y el Régimen de Faltas. El texto es claro respecto de cuándo puede perderse puntaje: únicamente cuando un Controlador Administrativo de Faltas dicte una resolución sancionatoria firme, o cuando la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas emita una sentencia en el mismo sentido. Solo en esos casos el descuento recae sobre el titular registral del vehículo. La norma contempla tres excepciones. Primera: si el conductor identificado al momento de la infracción era distinto al propietario del vehículo. Segunda: si el dueño demuestra haberlo vendido con la documentación correspondiente. Tercera: si cedió la tenencia del auto e identifica al conductor responsable, quien además deberá reconocer haber estado al volante en el momento de la falta. Las infracciones se clasifican en cinco niveles de gravedad, con descuentos que van desde dos hasta 20 puntos. En el extremo menor, desobedecer indicaciones de una autoridad implica perder dos puntos. En el extremo más severo, participar u organizar picadas en la vía pública —contemplado en el artículo 132 del Código Contravencional— significa una quita de 20 puntos. Las infracciones de los dos niveles más graves quedan expresamente excluidas del pago voluntario. Entre ellas se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, circular con inhibidores de radares o fotomultas, superar el límite de velocidad en más del 30%, la conducción peligrosa y la participación en competencias de destreza o velocidad en la vía pública. La reforma incorpora además un sistema de recuperación de puntos mediante capacitación. Los conductores que reciban sanciones firmes por infracciones de los tres niveles más leves podrán recuperar la totalidad de los puntos descontados si aprueban un curso de educación y seguridad vial. La frecuencia con que puede aprovecharse ese beneficio varía según la gravedad: hasta tres veces por año para las faltas de primera categoría, dos veces para la segunda y una sola vez para la tercera. El costo del curso corre por cuenta del infractor, y los conductores profesionales deberán completar una versión con contenido reforzado acorde a su actividad. El proyecto también establece una caducidad automática de los descuentos. Los puntos quitados por infracciones de las primeras tres categorías se borran a los 18 meses de su aplicación, mientras que los correspondientes a la cuarta y quinta categoría caducan a los 36 meses. En ambos casos, la condición es que el conductor no haya llegado a cero puntos durante ese período y no registre deudas exigibles por infracciones de tránsito. El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores no desaparece sino que ajusta sus plazos. La primera vez que un conductor llega a cero puntos, la inhabilitación para manejar es de 60 días y implica la aprobación obligatoria de un curso de educación vial. Ante una segunda situación de ese tipo, las consecuencias son más severas, según establece la normativa en desarrollo.
   
     
 
 
 
 
 
 
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