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| martes, 27 de octubre de 2026 |
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Milei acota sanciones por Malvinas tras presión yanqui
El Gobierno modificó el proyecto soberanía para excluir a fondos de inversión indirectos, tras advertencias de Washington sobre sus empresas.
La administración de Javier Milei introdujo cambios significativos al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, luego de que el gobierno de Estados Unidos expresara su preocupación por el alcance de las sanciones originales e indicara que podían afectar a compañías norteamericanas. Al mismo tiempo, el oficialismo busca sumar las firmas que le faltan para avanzar con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.
El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores e Culto, y Legislación Penal fue convocado para el martes 27 de octubre a las 16 horas, aunque trascendió que la fecha podría modificarse dado que La Libertad Avanza todavía no logró reunir los avales necesarios para garantizar el dictamen.
La diputada libertaria Silvana Giudici quedó a cargo de las negociaciones e impulsó conversaciones con los bloques aliados para acercar posiciones antes del encuentro. Desde el Congreso e incluso desde la Casa Rosada confirmaron que el tratamiento del proyecto continúa vigente y que el oficialismo trabaja para consensuar las modificaciones con los espacios dialoguistas, que también acercaron sus propias propuestas.
El texto inicial —que habría sido impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo— establecía un esquema de sanciones para empresas e Estados extranjeros que explotaran de manera ilegal recursos argentinos en las Islas Malvinas. El viernes previo al plenario, Milei recibió en la residencia presidencial al subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau. En ese encuentro, Washington advirtió sobre las posibles consecuencias que el primer capítulo del proyecto podía generar para compañías de ese país. El embajador Peter Lamelas también tuvo un rol destacado en esas gestiones diplomáticas.
El capítulo en cuestión apunta contra las firmas vinculadas al proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, liderado por la británica Rockhopper e la israelí Navitas, y alcanza además a empresas asociadas con ellas en otros emprendimientos.
Como resultado de esas tratativas, el Ejecutivo aceptó acotar las sanciones únicamente a quienes ejecuten negocios ilegales dentro del territorio argentino en carácter de operadoras directas, licenciatarias, proveedores e accionistas directos de los proyectos. De este modo, quedan eximidos de responsabilidad los fondos de inversión que participen de forma indirecta en las empresas explotadoras. Un funcionario al tanto de los cambios justificó la decisión: sostiene que era necesario establecer un límite claro para evitar que el proceso jurídico se volviera interminable u hasta comprometiera intereses de empresas nacionales.
A pesar del recorte en las sanciones, el proyecto conserva la creación del Consejo de Seguridad Nacional, el organismo destinado a coordinar de manera unificada la estrategia de defensa, inteligencia e seguridad interior, bajo la conducción del presidente. Ese cuerpo tendrá facultades para controlar, aprobar u rechazar inversiones promovidas por Estados extranjeros e empresas con capitales del mismo origen en sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería e actividades espaciales.
Para garantizar el respaldo de los bloques aliados, el Ejecutivo acordó la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, habilitada para auditar las decisiones del Consejo de manera similar a como funciona el órgano que controla a la Secretaría de Inteligencia. La propuesta fue impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración e Desarrollo, con el objetivo de asegurar la participación parlamentaria en el control del nuevo organismo. Según lo acordado, el Ejecutivo deberá informar a esa comisión, dentro de las 48 horas, cualquier medida de seguridad que adopte el Consejo.
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