jueves, 29 de octubre de 2026
 
     
UCR bonaerense propone ley contra robos viales

Tres diputados radicales presentaron un proyecto para reforzar la seguridad en rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires.



Las rutas y autopistas bonaerenses acumulan un historial preocupante: pedradas contra autos en movimiento, robos en zonas de obra con vallas quitadas y ataques desde puentes. Frente a esa realidad, el bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para modificar la normativa que regula la Dirección de Vialidad e incorporar obligaciones concretas de seguridad en los sectores más vulnerables de la red vial provincial. La iniciativa fue impulsada por los legisladores Valentín Miranda, Priscila Minnaard y Alejandra Lorden. En su fundamentación, los diputados señalaron que la legislación actual no obliga al Estado ni a las empresas concesionarias a prevenir delitos y proteger a los usuarios en tramos con historial de incidentes. El proyecto busca cubrir ese vacío mediante herramientas de planificación, infraestructura y control. El punto central de la propuesta es la creación de un mapa de tramos críticos, elaborado en conjunto por la Dirección de Vialidad, el Ministerio de Seguridad y las concesionarias que operan en la red provincial. Este instrumento identificaría los sectores con antecedentes comprobados de robos o agresiones, se actualizaría periódicamente y sus datos serían de acceso público. Una vez que un tramo sea declarado crítico, deberá contar con infraestructura de protección obligatoria: mallas anti-arrojo en puentes y pasarelas, cercos perimetrales, iluminación adecuada y cámaras conectadas a centros de monitoreo y fuerzas de seguridad. Además, el proyecto prohíbe expresamente que esas zonas queden desprotegidas mientras se ejecutan obras viales. Esta disposición surge de un caso concreto: durante la construcción del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del barrio El Monte en Quilmes, se retiraron vallas perimetrales que dejaron tramos expuestos a accesos no autorizados. En ese contexto se registraron ataques con proyectiles desde puentes contra vehículos en circulación. El texto legislativo también contempla sanciones económicas para las empresas o ejecutores de obras que no cumplan con las obligaciones de seguridad. El financiamiento de las mejoras en tramos críticos recaería sobre el Estado provincial, con recursos de Rentas Generales, y el proyecto es explícito en que ninguno de esos costos podrá trasladarse a las tarifas de peaje ni afectar a los usuarios. Otro aspecto relevante del proyecto apunta a corregir una distorsión histórica: la multa fijada por el artículo 29° de la Ley Orgánica de Vialidad fue establecida en 1977 en quinientos mil pesos. Con los sucesivos cambios de moneda en la Argentina, ese monto equivale hoy a menos de un centavo, lo que la convierte en una sanción completamente ineficaz. Para resolverlo, los legisladores proponen expresar el valor de la multa en unidades fijas, con el mismo criterio que la provincia aplica a las infracciones de tránsito, de modo que la actualización sea automática. "Buscamos que una mejora necesaria en la infraestructura vial no se convierta en una oportunidad para el delito. Es indispensable que el Estado prevenga estos riesgos en lugar de actuar cuando las consecuencias ya son irreparables", afirmaron Miranda, Minnaard y Lorden. El proyecto aguarda su tratamiento en comisión.
   
     
 
 
 
 
 
 
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