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| jueves, 12 de noviembre de 2026 |
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Fallo sobre petróleo en Malvinas será el 28 de noviembre
El Tribunal del Mar anunció la fecha tras el cierre de las audiencias en Hamburgo, donde Argentina pidió frenar el proyecto Sea Lion.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó el sábado 28 de noviembre de 2026 como fecha para dar a conocer su decisión sobre las medidas provisionales que solicitó la Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion en las aguas que rodean las islas Malvinas. El anuncio lo hizo el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al cierre de la segunda y última jornada de audiencias celebradas en Hamburgo, Alemania.
La confirmación del plazo despeja la incertidumbre sobre los tiempos del proceso, aunque las autoridades argentinas esperaban una resolución más rápida, incluso dentro de la misma semana. El plazo fijado le otorga al cuerpo de jueces 17 días para deliberar desde el cierre de los alegatos orales.
La segunda jornada concentró los argumentos más técnicos del debate y dejó en claro que la disputa no gira únicamente en torno al proyecto Sea Lion, sino sobre tres preguntas de fondo que el Tribunal deberá responder antes de expedirse: si tiene competencia para intervenir, si el daño que alega Argentina es real e inminente, y si los tiempos permiten que el Tribunal Arbitral del Anexo VII actúe antes de que comiencen las perforaciones.
En sus conclusiones, Mario Oyarzábal, agente de la Argentina ante el organismo, resumió el pedido de Buenos Aires en cuatro medidas dirigidas al Reino Unido: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura de producción en la cuenca norte de las Malvinas vinculada al proyecto Sea Lion; que se abstenga de usar la información obtenida en la etapa exploratoria en perjuicio de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino bajo los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR; y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.
"El Reino Unido pretende presentar este procedimiento como un intento de litigar la soberanía territorial bajo la apariencia de una controversia conforme a la Convención. Argentina rechaza esa caracterización", sostuvo el delegado argentino.
Por su parte, a través del profesor Marcelo Kohen, la delegación argentina insistió en que el Tribunal no necesita pronunciarse sobre la soberanía de las Malvinas para dictar medidas provisionales: alcanza con que los derechos que invoca Buenos Aires sean plausibles bajo la CONVEMAR. Kohen enumeró siete hechos que el Reino Unido no refutó en ninguna de las dos jornadas, entre ellos que las islas siguen en la lista de territorios no autónomos de la ONU y que la Asamblea General instó a no adoptar medidas unilaterales durante el proceso de descolonización, y los presentó como el contexto ineludible para interpretar la Convención.
La abogada británica Amy Sander abrió la réplica del Reino Unido con la tesis contraria: argumentó que el reclamo argentino sobre la contabilización de emisiones de gases de efecto invernadero de las islas solo tiene sentido si Argentina acepta ser soberana sobre ellas, lo que convertiría ese argumento en una nueva variante del reclamo de soberanía territorial.
Sander también cuestionó que la tercera medida provisional solicitada por Argentina, que el Reino Unido cese de impedirle cumplir sus obligaciones medioambientales, carezca de correlato procesal. "Si Argentina alega que el Reino Unido incumple sus propias obligaciones de la Parte XII, debe decirlo con claridad", afirmó.
El punto central de tensión es el siguiente: Argentina sostiene que invocar la soberanía solo explica el contexto del litigio, no su objeto. El Reino Unido, en cambio, afirma que esa distinción es artificiosa, porque todos los argumentos de Buenos Aires se derrumban si no se acepta que Argentina es el Estado ribereño, es decir, si no se reconoce que las islas son argentinas.
El asesor Nico Schrijver, de la defensa argentina, presentó cuatro fuentes de riesgo acumulativo que diferencian la etapa de explotación de la exploración ya realizada, entre ellas la duración del proyecto, que podría extenderse hasta 30 años y 11.000 días de operación, y las nuevas fuentes de contaminación.
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