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| miércoles, 11 de noviembre de 2026 |
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Desalojo mapuche en El Pedregoso sigue sin fecha
El juez Astoul Bonorino ordenó el 9 de septiembre retomar el operativo en el lote pastoril 42, de 625 hectáreas, pero la Oficina Judicial aún no fijó cuándo.
Una orden judicial de desalojo dictada en Villa La Angostura continúa sin ejecutarse pese a que el juez civil Francisco Astoul Bonorino dispuso expresamente retomar el procedimiento que quedó incompleto en agosto. El magistrado libró el 9 de septiembre un nuevo mandamiento para avanzar sobre los sectores del lote pastoril 42 que permanecen ocupados por integrantes de la lof Kinxikew, también conocida como lof Quintriqueo. Sin embargo, a casi dos meses de esa resolución, la Oficina Judicial todavía no comunicó una fecha para concretar el operativo.
El predio en cuestión es un inmueble de aproximadamente 625 hectáreas ubicado en el paraje El Pedregoso, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, en la zona comprendida entre esa localidad y Bariloche. La propiedad pertenece a María Cristina Broers, quien reclama judicialmente la restitución del terreno. El litigio se remonta a 2011 y enfrenta a la propietaria con integrantes de las comunidades mapuches lof Melo y lof Kinxikew.
El 19 de agosto pasado se concretó una primera etapa del desalojo. Durante ese procedimiento, efectivos de la Policía de Neuquén, con participación del grupo especializado GEOP, lograron restituir a la propietaria la fracción que ocupaba la comunidad Melo, situada en el sector costero del lago Nahuel Huapi. No obstante, el operativo no pudo completarse en los sectores correspondientes a la segunda y tercera tranquera, donde seguían presentes integrantes de la lof Kinxikew. La presencia de menores de edad y la ausencia de funcionarios de organismos de protección de la niñez impidieron continuar con la diligencia.
Frente a esa situación, el juez ordenó retirar a los intervinientes y gestionó un nuevo mandamiento para avanzar sobre las fracciones pendientes. La decisión generó lecturas opuestas entre las partes: la defensa de las comunidades sostuvo que el desalojo había quedado suspendido, mientras que desde el sector demandante interpretaron que se trató de una interrupción operativa que no afectaba la validez de la sentencia que ordena la restitución del inmueble.
El 28 de agosto, Astoul Bonorino rechazó un planteo de nulidad presentado por las comunidades contra el procedimiento realizado en agosto. También desestimó el pedido de devolución de bienes retirados durante el operativo y les impuso las costas del incidente. En su resolución, el magistrado sostuvo que el expediente se encontraba en una etapa de ejecución de sentencia firme y que los cuestionamientos planteados no tenían entidad suficiente para invalidar las actuaciones. Además, consideró extemporáneos algunos argumentos vinculados con la reserva del expediente, señalando que ese punto ya había sido tratado y resuelto en abril de 2026.
Otro argumento de la defensa apuntaba a un supuesto cambio de titularidad del inmueble, que habría sido vendido a terceros. El juez rechazó ese planteo por falta de respaldo documental, ya que no se acompañó un informe de dominio que acreditara la operación. Además, remarcó que el proceso en curso era un incidente de ejecución de sentencia firme dictada en un juicio interdictal, por lo que no correspondía reabrir el debate sobre la titularidad del predio.
Con el nuevo mandamiento emitido el 9 de septiembre, el juez buscó retomar el avance sobre los sectores que habían quedado fuera del operativo de agosto. Sin embargo, la falta de definición sobre cuándo se llevará a cabo el procedimiento mantiene en suspenso la restitución definitiva del inmueble a su propietaria y prolonga una disputa judicial que ya lleva más de una década.
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