miércoles, 11 de noviembre de 2026
 
     

Condenaron a dos de Camioneros por bloqueo en Rosario

El tribunal rosarino les impuso dos años y tres meses de prisión en suspenso por haber bloqueado a la empresa Razzini durante 90 días en 2020.

Condenaron a dos de Camioneros por bloqueo en Rosario

Un tribunal de Rosario condenó a dos activistas del Sindicato de Camioneros de Santa Fe por haber bloqueado las instalaciones de la empresa Razzini durante 90 días en el año 2020. La pena impuesta fue de dos años y tres meses de prisión en suspenso, lo que significa que los condenados no irán a la cárcel siempre y cuando cumplan con las condiciones que establece el fallo durante todo ese período. El Tribunal Pluripersonal del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 2 de Rosario, conformado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, determinó que los dos activistas son culpables del delito de turbación de la posesión, es decir, haber perturbado ilegalmente el uso y control de un inmueble que no les pertenecía. El juicio oral comenzó el 2 de noviembre y la causa estuvo a punto de prescribir antes de ser reactivada por un fiscal. Junto con la condena, el tribunal impuso un conjunto de reglas de conducta que rigen por el tiempo que dura la pena. Los condenados deben fijar un domicilio y no pueden cambiarlo sin autorización judicial. Además, quedan bajo la supervisión de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pospenitenciaria de Santa Fe, no pueden salir del país sin permiso previo del juez de ejecución y deben mantenerse a más de 200 metros de tres ubicaciones vinculadas a la empresa denunciante. También rige una prohibición de contacto con los dueños de la empresa, incluidos mensajes por redes sociales o a través de terceros, con una restricción de acercamiento inferior a 200 metros. El tribunal aclaró que si alguna de esas condiciones se incumple, el juez de ejecución podrá descontar el tiempo ya cumplido y, en caso de reincidencia, revocar la suspensión y ordenar que la prisión se cumpla de manera efectiva. El juicio también tuvo otros resultados. Un tercer acusado fue absuelto parcialmente del delito de turbación de la posesión, ya que el tribunal aplicó el principio de duda razonable por falta de certezas sobre su participación. Los imputados también fueron absueltos del cargo de desbaratamiento de empresa, figura del artículo 174 inciso 6 del Código Penal, porque el tribunal no encontró mérito suficiente para condenar en ese punto. Y respecto del delito de amenazas, el fallo declaró extinguida la acción penal por prescripción, ya que el tiempo transcurrido desde los hechos superó el plazo legal de dos años que fija el Código Penal. Un cuarto imputado, considerado el principal acusado y de nombre Marcelo Ortiz, no llegó al juicio en las mismas condiciones. Su abogado defensor informó que habría fallecido a principios de año, aunque la documentación que lo acredita, un certificado o acta de defunción solicitada por el fiscal, apareció recién horas antes del inicio del juicio. Más allá de las condenas individuales, el fallo tiene una relevancia que excede el caso puntual. El tribunal rosarino sostuvo que los bloqueos sindicales no forman parte del ejercicio del derecho de huelga reconocido por la Constitución Nacional. Esta postura se suma a la de un tribunal laboral de La Matanza y va en sentido contrario al fallo del juez Alejandro López en San Nicolás, quien absolvió a siete acusados por haber bloqueado a la empresa Rey Distribución. Fernández Bussy, presidente del tribunal, fue claro antes de leer el veredicto: "Este juicio no fue un juicio contra la huelga", afirmó, y reconoció que el reclamo sindical "puede haber sido justo o injusto". Sin embargo, remarcó que establecer eso no es tarea de ese tribunal ni de la justicia penal, sino de los canales del derecho laboral. Lo que sí les correspondía definir, dijo, es dónde termina el ejercicio legítimo de ese derecho. Seguí a Actualidad Nacional en X: @ActualidadNacAR
   
     
 
 
 
 
 
 
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