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| sábado, 14 de noviembre de 2026 |
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Fallo declara inconstitucional la fórmula jubilatoria
La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó recalcular haberes desde enero de 2021 hasta junio de 2024.
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria que estuvo vigente durante el gobierno de Alberto Fernández, establecida por la ley 27.609, y ordenó reemplazarla por el mecanismo que había fijado la gestión de Mauricio Macri mediante la ley 27.426. La decisión se tomó en el marco de una demanda contra la ANSES y puede tener consecuencias económicas tanto sobre las diferencias acumuladas como sobre la base de cálculo de los haberes futuros.
El fallo fue firmado por los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, quienes revocaron una sentencia de primera instancia que había rechazado el reclamo de Carmen Galletta, una jubilada que exigía el recálculo de su prestación. La Cámara dispuso que su jubilación sea recalculada con la fórmula de la ley 27.426 desde enero de 2021 hasta junio de 2024, y que a partir de ese punto el haber empalme con el esquema de actualización mensual por inflación establecido por el decreto 274/2024.
El caso tiene una particularidad: Galletta ya había obtenido una sentencia de reajuste jubilatorio en 2014, cuya liquidación fue aprobada en 2019. Sin embargo, los jueces consideraron que ese antecedente no impedía analizar el deterioro posterior que sufrió su prestación por la aplicación de los distintos mecanismos de movilidad que se aplicaron después.
En los fundamentos, Fantini señaló que la fórmula de la ley 27.609, que combinaba la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, no incluía la inflación entre sus variables ni garantizaba un piso de actualización frente a una aceleración de los precios. Esa característica, según el análisis de la sentencia, terminó generando un desfasaje importante entre los aumentos jubilatorios y el costo de vida real.
Para dimensionar el impacto, el fallo comparó la evolución de los haberes entre marzo de 2021 y marzo de 2024. En ese período, la movilidad acumuló una suba del 553,55%, mientras que la variación del IPC utilizada como referencia llegó al 1.129,07%. A partir de esa diferencia, los jueces calcularon una pérdida de capacidad de compra cercana al 46,83%.
La sentencia también advirtió que los aumentos posteriores atados a la inflación no fueron suficientes para recuperar el terreno perdido. El argumento es que, si una jubilación llega a un nuevo régimen de actualización con una base ya deteriorada, los incrementos que siguen mantienen esa brecha en lugar de corregirla.
Como mecanismo de recomposición, la Cámara optó por la fórmula de la ley 27.426, que establecía aumentos trimestrales combinando el 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor y el 30% de la evolución salarial medida por el RIPTE. Los jueces eligieron ese esquema en lugar de aplicar retroactivamente el régimen actual porque se trataba de una pauta que ya había sido aprobada por el Congreso en su momento.
El monto concreto que deberá cobrar Galletta se determinará durante la etapa de liquidación. Para ese cálculo se descontarán los importes que ya haya percibido por movilidad, adelantos, recomposiciones y ayudas extraordinarias, para evitar pagos duplicados. La Cámara también admitió la excepción de prescripción planteada por la ANSES, lo que limita el alcance retroactivo de las diferencias exigibles.
El tribunal dispuso además que se aplique la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central para calcular los intereses, y que las costas de ambas instancias queden a cargo del organismo previsional. En cuanto a los topes jubilatorios, declaró la inconstitucionalidad del artículo 9, inciso 3, de la ley 24.463 en caso de que su aplicación durante la liquidación provoque una quita igual o superior al 15%.
La sentencia resuelve el reclamo de una jubilada en particular y no dispone una suba automática para el resto de los beneficiarios del sistema. Sin embargo, representa un antecedente de peso que podría ser invocado en causas similares que se tramiten en la misma jurisdicción.
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