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| sábado, 14 de noviembre de 2026 |
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Malvinas: Argentina enfrentó al Reino Unido ante el TIDM
El fallo se conocerá el 28 de noviembre. Buenos Aires pidió frenar el proyecto petrolero Sea Lion con cuatro medidas provisionales.
Por primera vez en la historia, Argentina se sentó frente al Reino Unido ante un tribunal internacional para disputar los recursos marítimos en torno a las Islas Malvinas. Las audiencias se desarrollaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, ante un panel de 21 jueces presidido por el camerunés Maurice Kamga, en el marco del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). El fallo se conocerá el 28 de noviembre.
La delegación argentina viajó a la ciudad del norte de Alemania sabiendo lo que iba a pasar. Anticipaban que el equipo británico usaría en sus alegatos el discurso que el presidente Javier Milei pronunció en septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y así fue. La fiscal general Ellie Reeves abrió la réplica de Londres con ese argumento: las declaraciones del mandatario, sostuvo, demostraban que Buenos Aires no tiene interés en una solución negociada sobre la soberanía de las islas.
Reeves también recordó que en aquella intervención en Nueva York, Milei había calificado a la ONU de "organización inútil" al servicio de "parásitos arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados". La ironía no pasó desapercibida: es esa misma institución cuyas resoluciones Argentina invoca como base jurídica de su reclamo ante el TIDM.
Sin embargo, el equipo argentino tenía la respuesta preparada. "Lo habíamos mapeado y teníamos la respuesta armada. Esperábamos que fueran con eso", reconoció uno de los integrantes del equipo de abogados. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado para las audiencias, respondió de manera formal y recordó que en ese mismo discurso Milei también había expresado su creencia en la paz y en la resolución de conflictos dentro del marco del derecho internacional.
Desde la representación argentina calificaron el movimiento británico como más político que jurídico, aunque reconocieron que fue respondido con solidez. También cuestionaron el argumento central de la defensa del Reino Unido: que el pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion esconde en realidad un reclamo de soberanía sobre las islas y que, por esa razón, el TIDM no sería competente para intervenir.
"Ellos quisieron plantear que esto implica resolver soberanía, lo cual no es así. Su planteo pasó más por ese lugar, y el resto no hubo argumentos que nos hayan tomado por sorpresa", evaluaron desde el Gobierno.
Argentina presentó cuatro medidas provisionales contra Londres: que se suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura vinculada al proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las Malvinas; que el Reino Unido se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); y que no se otorguen nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.
La delegación argentina estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, e integrada por el embajador Oyarzábal, los asesores legales externos Marcelo Kohen y Nico Schrijver, y funcionarios de Cancillería y la Procuración. Del lado británico se presentó un equipo de seis abogados liderado por la fiscal Reeves.
Para el Gobierno, este arbitraje es una pieza dentro de un esquema más amplio contra el Reino Unido en el marco de la Causa Malvinas. Ese esquema incluye el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, que tuvo varios cambios respecto a su versión original y se debatirá en el recinto el próximo miércoles, y los procesos penales ya iniciados contra directivos de las empresas operadoras de Sea Lion, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
En las últimas horas, el diario británico The Guardian reveló que el gobierno argentino amenazó con prisión al CEO de Rockhopper, Sam Moody, y a su director financiero, mediante una carta enviada el 1° de septiembre en la que los intimaba a comparecer ante la Justicia local.
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