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| viernes, 13 de noviembre de 2026 |
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Ley Malvinas: LLA rechaza cambios de la oposición
El oficialismo solo aceptó modificaciones semánticas y mantiene el capítulo electoral. La sesión está prevista para el miércoles 18 de noviembre.
La tensión entre La Libertad Avanza y los bloques legislativos que suelen acompañarla creció esta semana en torno a la denominada Ley de Soberanía Nacional, conocida popularmente como ley Malvinas. El oficialismo se muestra muy poco dispuesto a incorporar los cambios que reclaman sus socios parlamentarios, y la distancia entre las partes amenaza con complicar la votación prevista para la próxima semana.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a las autoridades de los bloques dialoguistas con el objetivo de acordar un cronograma para avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2027. Sin embargo, en medio de esa reunión surgió el debate por la ley de soberanía y los pedidos de modificaciones al texto.
La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría y el oficialismo logró incluirla en el temario de la sesión prevista para el miércoles 18 de noviembre, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero los bloques aliados pusieron condiciones: quieren cambios antes de acompañar el proyecto en el recinto.
Uno de los puntos que más resistencia genera es el Capítulo VII, que lleva el nombre "Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones" y que introduce reformas tanto al Código Electoral como al Código Penal de la Nación. Menem y los demás legisladores de La Libertad Avanza fueron directos con sus interlocutores: ese capítulo no se toca.
Las concesiones que hizo el oficialismo hasta ahora son mínimas. En el Título II, eliminaron la expresión "seguridad nacional" y la reemplazaron por "asuntos estratégicos". Ese cambio también alcanza al nombre del Consejo de Seguridad Nacional, que pasa a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos. Sin embargo, se trata de una modificación puramente semántica: la conducción del organismo sigue en manos del presidente de la Nación y lo integran los ministros y la SIDE, todos removibles por decreto del jefe de Estado.
Otro punto conflictivo tiene que ver con la posibilidad de que ese Consejo intervenga en cuestiones de seguridad interior sin necesidad de pasar por el Congreso, lo que abriría la puerta, entre otras cosas, a establecer el estado de sitio por esa vía. Como concesión parcial, se incorporó una salvedad: el Ministerio de Seguridad deberá participar de las reuniones del Consejo, aunque con carácter de miembro no permanente.
Si bien se aceptó la creación de una comisión de seguimiento parlamentario, se dispuso que sus trabajos sean secretos. Eso significa que los informes que se soliciten —como, por ejemplo, los vinculados al derribo de aeronaves o al hundimiento de buques— no estarán al alcance de la ciudadanía.
El Título VII, el más resistido por la oposición, introduce un paquete de reformas orientado a combatir la injerencia extranjera en la política local. Entre otras cosas, prohíbe el financiamiento de campañas por parte de personas humanas extranjeras sin residencia permanente o de personas jurídicas extranjeras, con multas de hasta diez veces el monto aportado. También modifica el Código Penal para agravar las penas contra funcionarios, militares o agentes de inteligencia que faciliten operaciones foráneas. Además crea nuevas figuras delictivas: el espionaje a favor de un Estado extranjero con penas de 5 a 20 años, el apoyo a operaciones clandestinas de inteligencia con 3 a 10 años, la organización o financiamiento de campañas de injerencia extranjera o actos de sabotaje con 5 a 15 años, y el encubrimiento de esos delitos por parte de funcionarios con 1 a 6 años.
Se espera que el proyecto llegue al recinto la semana próxima, junto a otras iniciativas que ya tienen media sanción, como la reforma del BCRA, el acuerdo Mercosur-EFTA, el Acuerdo de Montevideo y el traspaso de la justicia federal a CABA.
De aprobarse, el giro al Senado insumiría no menos de 48 horas, lo que dejaría sin tiempo para que la norma pueda ser sancionada antes del cierre del período de sesiones ordinarias. Por eso, todo indica que la Casa Rosada incluiría la ley en el temario de las sesiones extraordinarias.
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