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| jueves, 12 de noviembre de 2026 |
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Súper RIGI sin dictamen en el Senado
Tres senadores aliados frenan el texto desde septiembre: piden ampliar el concepto "precio/calidad" para proteger proveedores locales.
El Súper RIGI sigue empantanado en el Senado y no hay señales de que la situación vaya a resolverse en el corto plazo. A pesar de que el Gobierno mostró cierto interés en acercar posiciones en octubre, la iniciativa continúa sin dictamen de comisión, bloqueada por el pedido de modificaciones que realizaron tres senadores de bloques aliados al oficialismo.
El proyecto, que ya tiene la aprobación de Diputados, propone beneficios impositivos para inversiones superiores a los USD 1.000 millones en industrias consideradas "del futuro". Sin embargo, en septiembre tres senadores frenaron la firma del despacho: el radical Maximiliano Abad, de Buenos Aires; el peronista no kirchnerista Carlos Espínola, de Corrientes; y el jefe del PRO Martín Goerling, de Misiones.
Los tres legisladores exigen ampliar el alcance del término "precio/calidad" para evitar que el régimen favorezca importaciones que hoy se expanden en el marco del RIGI vigente, algo que genera preocupación en varias provincias. También piden que el precio de los insumos locales no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero, en igualdad de condiciones.
Antes de que se instalara este escollo, y en medio de idas y vueltas desde el Ejecutivo para definir qué ceder ante sus aliados, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, de Capital Federal, había validado cambios vinculados con una preferencia del 20% a favor de bienes locales. También había aceptado que las inversiones del régimen garanticen capacidad de conexión al sistema eléctrico y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima sin afectar la seguridad del sistema. Lo que ya está claro es que cualquier modificación que se introduzca en el Senado obligará a que el texto regrese en segunda revisión a Diputados.
La propuesta de los tres senadores establece que la autoridad de aplicación deberá activar un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados, con el objetivo de verificar si existen proveedores locales con capacidad real para cubrir los requerimientos del proyecto en condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, antes de declarar la inexistencia o insuficiencia de oferta nacional.
En cuanto a la comparación de precios, la propuesta indica que deberá realizarse sobre valores equivalentes puestos en destino, considerando todos los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio, según lo que establezca la reglamentación correspondiente.
Una señal de que el Gobierno podría estar dispuesto a ceder llegó a fines del mes pasado, aunque de manera indirecta. El Senado aprobó en pleno la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, conocido como RIIR, que habilita beneficios fiscales —como amortización en Ganancias— para proyectos desde los USD 12 millones. Esa iniciativa fue impulsada por senadores radicales como Eduardo Vischi, de Corrientes, y Mariana Juri, de Mendoza, entre otros.
Dado que Abad, Goerling y Espínola realizaron la misma observación en ese proyecto, el texto del RIIR incorporó la exigencia de que la inversión contemple un compromiso de contratación de proveedores nacionales de bienes transables de al menos el 20% del monto total destinado a ese rubro, siempre que la oferta local esté disponible y en condiciones de mercado. El articulado también prevé que, ante circunstancias objetivas que lo justifiquen, la autoridad de aplicación podrá flexibilizar esa exigencia.
Con el fin de las sesiones ordinarias en el horizonte y varias semanas descomprimidas por la visita papal al país y el día del empleado legislativo, la presión sobre los temas pendientes en el Congreso no hace más que crecer. El Súper RIGI es uno de los expedientes que, por ahora, no encuentra salida.
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