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| martes, 10 de noviembre de 2026 |
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Argentina y UK chocan en el TIDM por el petróleo de Malvinas
En la primera audiencia en Hamburgo, Argentina pidió frenar el proyecto Sea Lion y el Reino Unido rechazó la competencia del tribunal.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) inició este martes en Hamburgo las audiencias sobre el pedido argentino de medidas provisionales para detener el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. Desde el primer momento, las posiciones fueron irreconciliables: Argentina sostuvo que explotar recursos en un área en disputa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), mientras que el Reino Unido rechazó la competencia del tribunal y defendió el derecho de los isleños a aprovechar sus recursos naturales.
La delegación argentina fue encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ante los 21 miembros del tribunal, Oyarzábal aclaró que Buenos Aires no pretende que el TIDM resuelva la disputa de soberanía, sino que ordene el cumplimiento de ciertas obligaciones mientras la cuestión de fondo se tramita ante un tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convemar.
La presentación argentina se apoya en dos resoluciones de la ONU: la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instó a ambas partes a no tomar decisiones unilaterales mientras el conflicto permanezca abierto. "Cincuenta años después, aquello que la resolución 31/49 procuraba evitar está a punto de concretarse", afirmó Oyarzábal frente a los jueces.
El pedido formal fue presentado por Javier Milei el 13 de octubre, invocando el artículo 290 de la Convemar. La solicitud tiene cuatro puntos concretos: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación a través de Sea Lion; que se abstenga de otorgar nuevos permisos en el área en disputa; que preserve la información obtenida durante la etapa de exploración; y que proteja el medio marino.
Sobre el argumento británico de la autodeterminación de los isleños, el embajador fue tajante: "Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa". Trazó una distinción clara: Argentina reconoce los intereses y los derechos humanos de los habitantes de las islas, pero sostiene que eso no les da derecho a decidir a qué Estado pertenece el territorio. "Lo que estos ciudadanos británicos no tienen es el derecho a decidir a qué Estado pertenecen las islas. Esa cuestión debe resolverse entre los dos gobiernos, tal como lo ha determinado la Asamblea General", remarcó.
Oyarzábal también alertó sobre los riesgos ambientales del proyecto. Recordó que en abril de 2015 falló un preventor de reventones en un pozo de exploración ubicado a unos 30 kilómetros al sur del yacimiento, y que el propio plan de contingencia de una de las licenciatarias estimaba en un 30% la probabilidad de que el petróleo de un eventual reventón en Sea Lion llegara a aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días. "En caso de reventón o de derrame, sería la Argentina quien soportaría sus consecuencias y quien estaría llamada a responder, no un Estado situado a 12.700 kilómetros de distancia", advirtió.
Del lado británico, la fiscal general Ellie Reeves planteó que las medidas provisionales solicitadas por Argentina "tendrían consecuencias devastadoras" y cuestionó la jurisdicción del tribunal para intervenir en el caso.
En el Gobierno el clima es de entusiasmo. Según pudo saberse, Milei compartió en las últimas horas un mensaje con integrantes del gabinete nacional: "Más allá de la justa euforia por el Papa, la foto es descomunal. Estamos en este tribunal para frenar la explotación petrolera en Malvinas. Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia". La imagen a la que se refería el presidente es la que muestra a la delegación argentina completa que viajó a Alemania para participar de las audiencias.
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