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| martes, 10 de noviembre de 2026 |
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Fallo clave: el bloqueo sindical no tiene amparo legal
El Tribunal de La Matanza rechazó la demanda de un trabajador de Química Rame despedido tras participar en un bloqueo en 2021.
Un tribunal laboral de La Matanza emitió un fallo que podría marcar un antes y un después en los conflictos sindicales del país: declaró que el bloqueo gremial no tiene respaldo en ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino ni en tratados internacionales. La resolución surgió a partir de un caso concreto, pero sus fundamentos van mucho más allá de la situación particular que lo motivó.
Todo comenzó a fines de 2021, cuando el Sindicato de Químicos de Avellaneda bloqueó la planta de Química Rame, una empresa familiar ubicada en Villa Luzuriaga, en el conurbano bonaerense. La protesta, que se extendió durante diez días, paralizó completamente la actividad de la fábrica. Los hermanos Walter y Gilda Cividino, dueños del establecimiento, no solo vieron impedido su trabajo, sino que también sufrieron insultos y agresiones, al igual que su madre, una mujer de 75 años que en ese momento los estaba ayudando. El conflicto dejó pérdidas estimadas en más de 70 millones de pesos en concepto de lucro cesante y obligó al cierre de la empresa durante un mes en enero de 2022.
El bloqueo incluyó activistas en actitud intimidatoria, bombos, redoblantes, neumáticos quemados, pintadas y pancartas. La disputa de fondo era una pelea entre dos sindicatos —el de Químicos de Avellaneda y el de Químicos del Conurbano Sudoeste— por representar a diez de los veintinueve empleados de la firma. El saldo fue de diez despidos y una causa penal que finalmente fue archivada, aunque sin que se declarara la inexistencia de delito, sino por imposibilidad de identificar a los responsables.
Uno de los trabajadores despedidos reclamó judicialmente una indemnización y argumentó que gozaba de protección sindical. La semana pasada, el Tribunal del Trabajo N° 3 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó esa demanda. Los jueces Pedro Romano, Hernán Busetti y Marcelo Molaro consideraron que la empresa tuvo razones válidas para el despido y que el trabajador no reunía los requisitos legales para acceder a fueros gremiales, entre otras cosas porque su elección como delegado habría sido fraudulenta.
Pero el aspecto más resonante del fallo es el análisis jurídico sobre el bloqueo como figura sindical. Los magistrados dedicaron una parte extensa de la sentencia a distinguir entre el derecho de huelga —garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional— y el bloqueo, al que consideraron una práctica completamente diferente y sin ningún respaldo legal.
Según el fallo, el bloqueo consiste en la colocación de obstáculos físicos —personas, vehículos, neumáticos en ignición, vallas— en los accesos a un establecimiento, con el objetivo de impedir tanto el ingreso como la salida de personas y mercaderías. Eso lo diferencia del piquete, que solo busca disuadir mediante información y persuasión, sin obstruir por la fuerza.
"La acción de bloqueo configura una vía de hecho de carácter obstructivo del establecimiento que, por lo tanto, no puede homologarse a la huelga ni considerarse una especie legítima de acción sindical", señala la sentencia. Y va más lejos: "El bloqueo no encuentra amparo en ninguna norma del ordenamiento jurídico nacional ni internacional, en absoluto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ni en el Convenio 87 de la OIT".
Florencia Arietto, abogada de la empresa y actual senadora bonaerense de La Libertad Avanza, calificó la resolución como "un fallo muy importante", especialmente porque contrasta con una sentencia anterior del juez de San Nicolás Alejandro López, quien había absuelto a un líder de Camioneros y a otros seis imputados por entender que un bloqueo a una pyme había sido el "legítimo ejercicio de un derecho". En este caso, el tribunal de La Matanza tomó el camino opuesto y dejó asentado que clausurar un establecimiento por la fuerza va más allá de lo que el derecho de huelga permite, configurando una extralimitación que el sistema legal no ampara.
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