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| jueves, 5 de noviembre de 2026 |
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Marcha de las Velas en la UBA por financiamiento
Docentes y estudiantes reclamaron el 33% de aumento salarial que el Gobierno sigue sin aplicar pese a fallos judiciales.
Con velas encendidas frente al Palacio de Tribunales, el himno cantado a coro y la consigna "No permitamos que se apague la universidad", docentes, nodocentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires protagonizaron la llamada Marcha de las Velas. La movilización exigió al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el Ejecutivo se niega a aplicar desde hace más de un año.
La columna arrancó desde Plaza Houssay al caer la tarde y avanzó hasta Plaza Lavalle, donde los manifestantes encontraron un pizarrón y bancos dispuestos para una clase abierta de Derecho Constitucional. La marcha recorrió el centro porteño y hizo una parada en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, donde se entonó el himno nacional. La bandera negra con la inscripción "Defendamos la UBA" encabezó la columna, como viene ocurriendo en movilizaciones anteriores.
La convocatoria fue impulsada por la Federación Universitaria de Buenos Aires, la Federación Universitaria Argentina, la Asociación de Docentes de la UBA y la Asociación del Personal de la UBA. También participaron autoridades universitarias y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional. Entre los presentes estuvieron el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobbitti; y el diputado Ricardo Alfonsín.
A diferencia de la Marcha Federal Universitaria de octubre, que terminó antes de lo previsto en medio de la lluvia y varios incidentes, esta jornada transcurrió sin contratiempos. Al llegar al Palacio de Tribunales, los manifestantes depositaron sus velas encendidas sobre la valla de seguridad. Antes de las 20.30, cuando la plaza ya estaba vacía, el personal de la Corte Suprema las apagó y retiró.
El conflicto tiene una historia legal compleja. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada por dos tercios de ambas cámaras luego de que se rechazara el veto presidencial inicial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo la promulgó en octubre de 2025 mediante el Decreto 759, pero condicionó su aplicación a que el Parlamento identificara las fuentes de financiamiento y asignara las partidas presupuestarias. El argumento oficial es que la norma no cumple con la legislación de administración financiera vigente.
La justicia respondió con rapidez. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto que frenó la ley y ordenó su aplicación inmediata, con especial atención a los artículos que establecen la actualización salarial de docentes y nodocentes y el refuerzo de las becas estudiantiles. La Cámara Federal confirmó la medida cautelar y la Corte Suprema la dejó firme. Aún así, el Gobierno apeló en todas las instancias.
En la víspera de la marcha de octubre, el juez Cormick fijó multas de 100.000 pesos diarios para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento. La Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió provisionalmente esas sanciones y abrió una nueva instancia de revisión.
Fue frente al Palacio de Tribunales donde el abogado constitucionalista Pablo Luis Manili, representante del CIN, tomó la palabra y brindó una clase abierta junto al profesor Cristian Cao, de la Facultad de Derecho de la UBA. Ambos explicaron ante los manifestantes los alcances legales del conflicto y los fundamentos constitucionales del reclamo.
Para cumplir con la ley, el Gobierno debería aplicar una actualización salarial del 33% para docentes y nodocentes universitarios, una cifra que hasta ahora sigue sin ejecutarse.
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