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| jueves, 5 de noviembre de 2026 |
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Tensión en el Gobierno por la ley de discapacidad
Desde Casa Rosada pidieron cambios "descabellados" al dictamen. El texto salió sin modificaciones y va al recinto el 19 de noviembre.
Un nuevo foco de conflicto interno sacudió al Gobierno nacional en torno a la ley de discapacidad. Desde Balcarce 50 le exigieron a Patricia Bullrich que introdujera modificaciones en el dictamen que se debatía en el Senado, pero la ex PRO se negó para no romper el acuerdo alcanzado con los bloques aliados. El texto terminó aprobándose tal como lo había votado Diputados, sin cambios.
Lo que pedían desde la Casa Rosada era reducir prestaciones. En el bloque de La Libertad Avanza calificaron esa solicitud de "descabellada" porque, según argumentaron, generaba más incompatibilidades. Dentro del oficialismo circulan versiones encontradas sobre quién impulsó ese pedido.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano avaló el proyecto este miércoles. La nueva ley reemplaza la emergencia vigente, que vence a fin de año, e instala un régimen permanente. Mantiene la pensión no contributiva con actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. El texto podría llegar al recinto para su sanción definitiva el 19 de noviembre.
El episodio con Bullrich no es aislado. Se suma a las rispideces que ya había generado su posteo en redes sociales tras el anuncio del ministro Luis Caputo sobre la suspensión de embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027. Bullrich celebró la medida pero aclaró que ella lo venía planteando desde hacía tiempo, una jugada que generó enojo en Hacienda.
Caputo respondió en la conferencia anual de FIEL, donde dialogó con el economista Juan Carlos de Pablo. Sin mencionar nombres, el ministro salió a defender el liderazgo del presidente Javier Milei —ausente por su viaje a España— y dijo que "no cualquiera" puede reemplazarlo, en una frase que fue leída como una respuesta directa a las declaraciones de Bullrich.
El conflicto por discapacidad viene de larga data. En septiembre, La Libertad Avanza avanzó en Diputados con un proyecto consensuado junto al PRO, la UCR y bloques provinciales para reemplazar la emergencia por un esquema permanente. Economía cuestionó tanto el costo fiscal como el hecho de que se hubiera avanzado sin consultar al resto del Ejecutivo.
El propio Presupuesto 2027, enviado el 15 de septiembre, iba en sentido contrario al proyecto parlamentario: reforzaba el criterio de invalidez laboral, eliminaba el CUD como vía directa de acceso, establecía la incompatibilidad de las pensiones con el empleo formal y eliminaba el nomenclador único. Eso desató un pase de facturas interno, con versiones cruzadas sobre quién había leído el texto antes de enviarlo.
El 13 de octubre, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, reconoció ante Diputados que "desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa". Aun así, el oficialismo aceptó las modificaciones de la oposición y el proyecto obtuvo media sanción con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. El texto conservó la pensión equivalente al 70% del haber mínimo, la compatibilidad con el empleo formal hasta dos salarios mínimos, el nomenclador y la actualización automática.
En el Senado, el respaldo al dictamen fue muy amplio. La única voz disonante entre los bloques participantes fue la de la senadora cordobesa Alejandra Vigo. Bullrich había anunciado desde el inicio el acompañamiento de su bancada, pese a las resistencias de Caputo.
El tema tiene además una dimensión simbólica de cara a la llegada del Papa León XIV. La discapacidad es uno de los asuntos sensibles en la relación del Gobierno con la Iglesia, y la agenda del Pontífice incluye una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, un hogar que asiste a personas con discapacidad.
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