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| miércoles, 4 de noviembre de 2026 |
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Expulsaron a diputada mendocina condenada por corrupción
Janina Ortiz, del bloque Unión Mendocina, fue condenada a 3 años en suspenso por desviar $35,5 millones junto a un exintendente.
La Cámara de Diputados de Mendoza tomó este miércoles una decisión sin precedentes desde el regreso de la democracia en 1983: expulsó por unanimidad a la legisladora Janina Ortiz, luego de que la Justicia la condenara por cuatro hechos de corrupción vinculados a su gestión al frente del municipio de Las Heras.
Ortiz, que integraba el bloque Unión Mendocina, había sido condenada el 20 de octubre por la jueza Mariana Martín a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado celebrado en el Polo Judicial, en el que la exlegisladora y Hernán Orozco, exintendente de Las Heras, reconocieron su responsabilidad en los delitos de peculado doloso, peculado culposo y uso de documento público falso.
Según quedó acreditado en el expediente, ambos funcionarios desviaron al menos 35,5 millones de pesos a través de una cooperativa sin actividad real llamada Manos a la Obra. La maniobra se habría llevado adelante mientras conducían el municipio lasherino.
La causa también involucra a otros imputados cuyos procesos continúan por separado: Osvaldo Oyhenart, exsubsecretario de Políticas Sociales del municipio; su yerno y agente municipal Juan Pablo Pandolfi; y Adrián Pérez, señalado como presidente de la cooperativa. Los tres fueron procesados, pero sus expedientes siguen abiertos.
La resolución aprobada por la Cámara declaró vacante la banca de Ortiz y instruyó a la Junta Electoral provincial para que determine, según el orden de lista, quién debe incorporarse al cuerpo y prestar juramento. Además, se rechazó el reclamo de la exdiputada por el cobro de salarios no percibidos durante su suspensión, que databa de marzo de 2024, y se ratificó la Resolución N° 1135/24 que había dispuesto esa medida sin goce de haberes.
El presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, destacó el carácter histórico de la jornada. Señaló que, si bien hubo suspensiones previas en la historia de la Legislatura mendocina, una expulsión como esta no tenía antecedentes desde la recuperación democrática. También aclaró que la suspensión de 2024 no implicó un juicio sobre la culpabilidad de Ortiz, sino una evaluación ética de su conducta como representante, e indicó que la sentencia judicial despeja cualquier lectura política del proceso.
El diputado Mauro Giambastiani, del Movimiento Mendocino y titular de la comisión de Derechos y Garantías, presentó el despacho que sustenta la exclusión. Subrayó que la medida no surge de una decisión interna del cuerpo sino de una sentencia firme que inhabilita a Ortiz y la declara culpable de delitos contra la administración pública. Confirmó además que el pedido formal a la Junta Electoral ya fue cursado para identificar al ciudadano u ciudadana que debe ocupar el cargo vacante.
El legislador Julio Villafañe, del Partido Justicialista y presidente de la misma comisión, respaldó lo actuado y rechazó las críticas al procedimiento. Fue categórico respecto del reclamo salarial: sostuvo que cualquier trabajador suspendido deja de percibir su salario, y que eso se aplica con mayor razón cuando la causa de la suspensión son hechos de corrupción.
Desde el Frente para la Victoria, Lucas Ilardo acompañó la decisión con su voto pero advirtió sobre los costos que este tipo de situaciones generan para la democracia, al poner en evidencia las debilidades de los mecanismos de control sobre quienes ejercen cargos públicos.
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