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| miércoles, 4 de noviembre de 2026 |
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Presupuesto 2026: por qué se frenó en Diputados
Las elecciones en EEUU y la visita del papa León XIV vaciaron el Congreso; la primera sesión clave sería el 18 de noviembre.
El Congreso argentino atraviesa una semana de baja actividad legislativa por una combinación de factores externos e internos que complican el avance del Presupuesto 2027 y otros proyectos prioritarios del Gobierno. Las elecciones de medio término en Estados Unidos llevaron a varios diputados a viajar como veedores internacionales, lo que impide sesionar en los próximos días. A eso se suma la visita del papa León XIV a la Argentina, que genera feriados e interrumpe la dinámica parlamentaria la semana que viene.
Con el cierre de las sesiones ordinarias cada vez más cerca, el oficialismo pierde tiempo y margen de negociación. Mientras tanto, sus aliados aprovechan la situación para negociar desde una posición más cómoda e imponer condiciones.
Desde La Libertad Avanza ya anticiparon que planean convocar a una primera sesión el 18 de noviembre para tratar la ley de Defensa de la Soberanía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Una segunda sesión, prevista para el 25 de noviembre, estaría íntegramente dedicada al Presupuesto 2027. Sin embargo, varios temas que interesan a la oposición podrían funcionar como moneda de cambio para destrabar votos, entre ellos la ley de biocombustibles, que siguen de cerca los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, y la política de subsidios al transporte, que esta semana generó rispideces con varios mandatarios provinciales.
El primer tropiezo del oficialismo ocurrió la semana pasada, cuando no logró reunir las firmas necesarias para avanzar con el dictamen del Presupuesto en comisión. El PRO, la UCR y los bloques provinciales se negaron a suscribir el despacho hasta recibir respuestas concretas a una extensa lista de reclamos.
El PRO exige precisiones sobre las deudas que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, un tema que se mezcla con las negociaciones electorales entre los libertarios y Jorge Macri. Además, el bloque que encabeza Cristian Ritondo impulsa una reducción del IVA al huevo y sus derivados, una medida que beneficiaría a la industria avícola de Entre Ríos, provincia gobernada por Rogelio Frigerio, también del PRO.
Tanto el PRO como la UCR y los bloques provinciales reclaman una baja del Impuesto a los Combustibles Líquidos, un tributo que por ley debería destinarse al mantenimiento de rutas pero que el Gobierno no ejecuta. En la misma línea, las provincias piden mayor transparencia en los procesos de concesiones viales, que según el Ejecutivo alcanzarían los 9.000 kilómetros.
Las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la ANSES también quieren saber con exactitud qué fondos recibirán para cubrir el déficit. El proyecto incluye una partida de 503.325 millones de pesos que desde los distritos ya califican como insuficiente. Varios gobernadores además esperan respuesta sobre posibles autorizaciones para tomar deuda.
El financiamiento universitario es otro punto caliente, incluso con divisiones dentro de los propios bloques aliados. El Presupuesto asigna algo más de 7 billones de pesos para las universidades nacionales, mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional reclaman al menos 11 billones para funcionar. En ese contexto, el sector de la UCR cercano a los gobernadores prioriza las casas de estudio bajo influencia radical, en tanto los diputados del espacio Provincias Unidas, como Martín Lousteau, plantean una posición más amplia, alineada con los rectores.
A todo esto se sumó un nuevo conflicto esta semana: la Secretaría de Transporte acordó incrementar los subsidios para las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires a partir de noviembre y reconoció además una deuda de cerca de 39.000 millones de pesos acumulada entre junio y septiembre por errores en las proyecciones de recaudación.
La medida encendió las alarmas en el interior del país. El gobernador salteño Gustavo Sáenz, quien tiene influencia directa sobre cinco votos en la Cámara de Diputados, fue contundente en sus redes sociales al señalar que los recursos existen pero no se distribuyen de forma equitativa, en abierta contradicción con el discurso oficial de ajuste.
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