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| martes, 3 de noviembre de 2026 |
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Ley de discapacidad: el Senado busca dictamen
El plenario sesionaría este martes a las 16 horas, pero hay dudas por la falta de quórum ante el viaje de senadores a EE.UU.
El Senado intentará dictaminar este martes la nueva ley de discapacidad, aunque persisten dudas sobre si habrá número suficiente para avanzar. El plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Población y Desarrollo Humano está previsto para las 16 horas, pero el ausentismo de algunos legisladores que viajaron a seguir las elecciones de Estados Unidos complica el panorama. La semana pasada, los senadores del oficialismo ni siquiera convocaron a las dos comisiones que deben intervenir.
La comisión de cabecera, responsable de llamar al encuentro, está presidida por el libertario Agustín Monteverde, mientras que la de Población y Desarrollo Humano la conduce Alicia Kirchner. El objetivo central del proyecto es reemplazar el régimen de emergencia vigente, que vence a fin de este año, en un área especialmente sensible que generó más de un dolor de cabeza para el Gobierno de Javier Milei.
El texto llegó al Senado tras obtener en Diputados una mayoría de dos tercios: 236 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. Esa diferencia prácticamente impide cualquier modificación en la cámara alta. Entre los puntos centrales, la iniciativa mantiene la pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. También ratifica al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como la vía principal para acceder a esos beneficios.
Por exigencia de los aliados dialoguistas, se preservó la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. Esto significa que las personas con CUD podrán conservar la pensión si tienen trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. Asimismo, se garantizó el acceso a prestaciones básicas de salud establecidas por la ley 24.901, conocida como Programa Incluir Salud, tanto para quienes cobran pensiones por invalidez laboral como por discapacidad.
Para evitar futuros vetos del Ejecutivo, el proyecto detalla las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema y incorpora compensaciones desde el Tesoro en caso de que esos fondos resulten insuficientes. Además, obliga al Gobierno a garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
El texto también introduce mecanismos de control más rigurosos. La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías periódicas cruzando datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS. Ante un incumplimiento objetivo, se podrá suspender preventivamente un beneficio, aunque con un proceso que contempla notificación al afectado y la posibilidad de rehabilitación provisoria.
Respecto de las deudas con prestadores que quedaran pendientes al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo tendrá 30 días para publicar un cronograma de pagos y 90 días para cancelarlos efectivamente.
En Diputados, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado fue una de las principales articuladoras de la negociación por el lado del oficialismo. Sin embargo, el mileísmo terminó aceptando casi todas las condiciones de sus aliados para no perjudicar la figura del presidente de la Cámara, Martín Menem. Solo de esa manera se logró frenar la propuesta kirchnerista de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre del año próximo.
En la misma sesión de octubre, el oficialismo sí consiguió postergar el debate sobre endeudamiento, que regresó a comisión y desde entonces no registró ningún avance. El tema parece haber quedado en un segundo plano pese a que el problema de fondo continúa sin resolverse.
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