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| martes, 3 de noviembre de 2026 |
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Juicio por bloqueo: Razzini declaró cinco horas
La diputada libertaria, ex dueña de la empresa bloqueada en Rosario en 2020, relató amenazas con armas e intimidaciones a su familia.
Arrancó este lunes en Rosario el juicio oral contra dirigentes del Sindicato de Camioneros de Santa Fe acusados de haber bloqueado durante 90 días a la empresa distribuidora de materiales de construcción Razzini, en plena pandemia de 2020. El caso estuvo a punto de prescribir e implica penas de entre dos y seis años de prisión por desbaratamiento de empresa, aunque uno de los principales acusados ya falleció.
La primera en declarar fue la diputada nacional de La Libertad Avanza Verónica Razzini, quien durante el conflicto era una de las propietarias del negocio familiar. Su testimonio se extendió durante cinco horas e incluyó fotos e imágenes registradas en el momento de los hechos. Por la extensión de esa declaración, solo alcanzó a testificar también la coordinadora operativa de la empresa, y el resto de los testigos previstos para la primera jornada quedaron para este martes.
Entre quienes declararán hoy figuran un hermano de la diputada, que también recibió amenazas de los sindicalistas; su ex esposo, a quien le advirtieron que lo iban a matar e indicaron que sabían dónde estaban sus hijos, y la escribana que certificó que se impedía el acceso a las instalaciones.
El tribunal está integrado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre. Las audiencias continuarán hasta el jueves, cuando están programados los alegatos finales. El fiscal del caso es Germán Mazzoni, quien confirmó recién el viernes pasado el fallecimiento de uno de los imputados. Los otros acusados son Víctor Manuel Kamiñsky, Gustavo Coronel y Damián Beiber.
El conflicto comenzó el 8 de junio de 2020 sin ningún aviso previo. Alrededor de 150 personas cortaron la avenida donde funciona la empresa, acamparon en los accesos e impidieron la circulación de vehículos. El reclamo partía del sindicato liderado por Sergio Aladio, opositor interno de Hugo Moyano, que exigía que 18 de los 100 empleados de la firma se afiliaran a Camioneros, a pesar de que la actividad de la empresa correspondía al Sindicato de Comercio y a la UOCRA según el encuadramiento legal vigente.
Razzini describió ante el tribunal cómo la situación escaló rápidamente. Los manifestantes exhibieron armas de fuego, interceptaron su vehículo y le advirtieron que sabían dónde estaban sus hijos. También recibió amenazas de que irían a la casa de su padre, con problemas de salud, para provocarle un infarto. Eso la obligó a abandonar su domicilio, ubicado a apenas cinco cuadras de la empresa, y instalarse en un lugar seguro. Además, la familia debió contratar seguridad privada y móviles de la Guardia de Infantería para proteger al personal y las instalaciones.
La empresaria recordó que en una de las peleas que se generaron entre clientes, proveedores y manifestantes, un activista sindical sacó un cuchillo, lo que llevó a la familia a considerar seriamente el cierre y la liquidación de la compañía.
A partir de esa experiencia, Razzini fundó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), organización que busca visibilizar y frenar este tipo de prácticas sindicales en todo el país.
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