sábado, 31 de octubre de 2026
 
     
Presupuesto 2027: negociaciones trabadas

El oficialismo postergó el dictamen y ahora apunta al 25 de noviembre para lograr media sanción, pero sus aliados advierten que "todo está muy verde".



Las negociaciones en torno al Presupuesto 2027 atraviesan un momento de parálisis en la Cámara de Diputados. El oficialismo levantó la semana pasada una reunión de comisión en la que esperaba conseguir el dictamen de mayoría, y debió reprogramar sus plazos. La nueva fecha tentativa para avanzar con la media sanción quedó fijada para el 25 de noviembre, aunque los bloques aliados advierten que las conversaciones están lejos de resolverse. Desde el PRO, la UCR e integrantes de bloques provinciales coinciden en que hasta ahora no recibieron ninguna respuesta concreta de los libertarios a sus principales demandas. "Está todo muy verde", sintetizó un legislador del espacio macrista. Si bien ninguno de los aliados puso en duda la aprobación general del proyecto, sí anticiparon que las negociaciones se extenderán y que podrían caerse algunos artículos, en particular los vinculados al área de Discapacidad. Esos artículos generan especial tensión porque, a pesar de que recientemente se sancionó una nueva ley de Discapacidad con amplio apoyo, los representantes del Ejecutivo no confirmaron si eliminarán las partidas originales que implicaban un fuerte ajuste en el sector. "No te dicen nada", reconoció entre risas un diputado aliado. En el norte del país, los gobernadores recibieron como una señal positiva la resolución que reglamenta los subsidios a la energía eléctrica por zona cálida, una compensación que el Gobierno había prometido tras conseguir respaldo para reducir los subsidios al gas en las zonas frías. Sin embargo, los aliados advierten que se trata de una resolución que puede modificarse por decisión ministerial, e insisten en que debería quedar establecida por ley. De todos modos, valoraron que la Casa Rosada cumplió lo prometido. Mucho más pesimismo hay respecto a la reducción del impuesto a los combustibles líquidos. Tanto aliados como opositores duros señalan que el Gobierno está incumpliendo la ley al no destinar lo recaudado por ese tributo al mantenimiento de rutas nacionales, utilizando esos fondos en cambio para sostener el superávit fiscal. "Es mucha plata, no creo que aflojen con ese punto", reconocieron desde el radicalismo. El financiamiento universitario también genera rispideces, incluso dentro de la propia oposición dialoguista. El Presupuesto asigna algo más de 7 billones de pesos para las universidades nacionales, mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional reclaman un mínimo de 11 billones para garantizar su funcionamiento. En ese marco, el sector de la UCR alineado con los gobernadores se enfoca en las casas de estudio que el radicalismo conduce e instala en sus propios distritos, mostrando diferencias con el ala del partido que impulsa un reclamo más amplio e indiscriminado. "Es un poco incómodo reclamar fondos para universidades del conurbano bonaerense o para instituciones con funcionarios procesados por malversar fondos", explicó un legislador radical del norte del país. También mencionó que cada provincia sigue de cerca el estado de las obras viales, dado el deterioro generalizado de la infraestructura. Por su parte, el PRO tampoco obtuvo respuestas sobre los asuntos que afectan directamente a los distritos que administra. En lo más alto de su lista de pendientes figura la regularización de las deudas que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación, un reclamo histórico que hasta ahora no encontró resolución en el marco de estas negociaciones presupuestarias.
   
     
 
 
 
 
 
 
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