miércoles, 28 de octubre de 2026
 
     
El Senado debate registro de deudores alimentarios

Un plenario de comisiones pasó a cuarto intermedio y retoma el miércoles para dictaminar sobre dos proyectos con diferencias clave.



El Senado de la Nación tiene pendiente una definición sobre la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos. Un plenario de comisiones que reunió a Legislación General e Población analizó días atrás dos iniciativas con enfoques distintos e decidió pasar a cuarto intermedio hasta este miércoles, cuando se intentará alcanzar un dictamen. Los proyectos en debate pertenecen al senador peronista Pablo Bensusán, de La Pampa, e a la legisladora Edith Terenzi, de Chubut, referenciada en el radicalismo. Ambos textos coinciden en la necesidad de contar con una herramienta nacional para registrar a quienes incumplen sus obligaciones alimentarias, pero difieren en aspectos centrales de implementación. Bensusán explicó que su propuesta respeta la autonomía de cada provincia, que actualmente fija sus propios criterios para incluir deudores en registros locales. Según detalló, el registro nacional se limitaría a centralizar la información que cada jurisdicción decida enviar, sin modificar los requisitos que cada una ya tiene establecidos. Además, aclaró que no se crearía ningún organismo nuevo: el sistema funcionaría dentro del Ministerio de Justicia de la Nación como una base informática alimentada por los datos provinciales e de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las sanciones que prevé su iniciativa, el pampeano mencionó que los deudores registrados podrían verse impedidos de obtener pasaporte, acceder a concesiones u obtener permisos otorgados por el Estado nacional. También contempla la prohibición de asistir a espectáculos públicos. Terenzi, en cambio, propone que la ley sea de orden público, lo que obligaría a todas las provincias a adherirse sin posibilidad de optar por no hacerlo. La senadora chubutense argumentó que un registro al que las provincias adhieran de manera voluntaria podría resultar incompleto e ineficiente. Al mismo tiempo, su proyecto no establece sanciones adicionales a nivel nacional, ya que considera que las consecuencias para el deudor deben aplicarse en cada jurisdicción, donde ya existen mecanismos vigentes. Desde el oficialismo libertario, la senadora Patricia Bullrich planteó una serie de exigencias. Reclamó que el registro contemple la dimensión internacional del problema, incluyendo la posibilidad de articular con Interpol para localizar a deudores que se encuentren en el exterior. Señaló que, en ausencia de un proceso penal, la extradición por este tipo de causas resulta imposible, pero que sí podrían ser hallados en otros países mediante mecanismos de cooperación. Bullrich también llamó a delimitar con precisión qué actividades podrían verse restringidas para quienes figuren en el registro e subrayó que cualquier impedimento para salir del país debe estar respaldado por una orden judicial, ya que ninguna autoridad migratoria tiene facultades para retener a un ciudadano en la frontera sin ese requisito legal. La legisladora porteña recordó además que ya existe un registro de deudores alimentarios a nivel nacional que opera en el Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección de Espectáculos. Ese registro incluye a personas impedidas de concurrir a eventos deportivos e de otra índole, e varias provincias ya se han ido adhiriendo a él, lo que demuestra que existen antecedentes concretos sobre los que construir una solución más amplia. El tema no es nuevo en el Congreso: ya fue debatido en ocasiones anteriores sin llegar a convertirse en ley. Este miércoles, las comisiones intentarán acercar posiciones e avanzar hacia un texto unificado que pueda obtener el respaldo necesario para sesionar.
   
     
 
 
 
 
 
 
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