lunes, 16 de noviembre de 2026
 
     

El Gobierno quiere aprobar la Ley Malvinas antes del fallo



El Gobierno busca tener el nuevo régimen de sanciones listo antes del 28 de noviembre, cuando el Tribunal del Mar se pronuncie sobre la explotación petrolera en Malvinas.

El Gobierno quiere aprobar la Ley Malvinas antes del fallo

Por Redacción Actualidad Nacional ·

El Gobierno nacional quiere aprobar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional antes de que el Tribunal del Mar emita su fallo sobre la explotación petrolera en Malvinas, previsto para el 28 de noviembre. Desde la Casa Rosada consideran que contar con un nuevo régimen de sanciones contra las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion les permitiría reforzar la presión sobre el Reino Unido y sus operadores comerciales antes de esa resolución.

Con ese objetivo, la Secretaría Parlamentaria fijó una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 18 de noviembre, con la iniciativa incluida en el temario. La Libertad Avanza analiza impulsar una votación por capítulos para separar las sanciones de los puntos que generan resistencia en los bloques aliados y en la oposición.

En el Ejecutivo sostienen que la intención es tener disponibles todas las herramientas jurídicas, administrativas y diplomáticas antes de que los jueces de Hamburgo se expidan. La estrategia combina el reclamo en el plano internacional con nuevas medidas internas contra las compañías que participen de la explotación de recursos sin autorización argentina. Aunque el oficialismo reconoce que una aprobación en Diputados no alcanzaría para convertir el proyecto en ley, ya que también requeriría la sanción del Senado, considera que un voto favorable enviaría una señal política relevante antes del pronunciamiento internacional.

La urgencia también se relaciona con los procedimientos sancionatorios que Cancillería mantiene abiertos contra 60 personas humanas y jurídicas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en Malvinas. En septiembre, el Gobierno dispuso la apertura de expedientes contra 45 sujetos y luego amplió ese universo a otros 15. Esas actuaciones, bajo la órbita del área de Malvinas de Cancillería, todavía no tienen resolución definitiva. Desde Balcarce 50 buscan acelerar su tramitación y contar con un marco legal más amplio para actuar contra empresas, accionistas y proveedores involucrados en la explotación.

La legislación vigente ya contempla prohibiciones y penalidades al respecto. La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, establece inhabilitaciones administrativas de entre cinco y veinte años, además de sanciones penales para ciertas actividades hidrocarburíferas no autorizadas, restricciones para contratar con el Estado y limitaciones en materia impositiva. El proyecto impulsado por el Gobierno de Milei propone reemplazar ese esquema por uno más amplio, que abarque distintas actividades de aprovechamiento de recursos naturales y combine multas, inhabilitaciones, sanciones penales y mecanismos para incentivar el abandono de operaciones consideradas ilegítimas.

Entre los cambios centrales se destaca la ampliación del alcance de las sanciones a empresas y proveedores que intervengan en la explotación de recursos en los espacios marítimos disputados. El proyecto prevé multas calculadas en función del valor de barriles de petróleo, restricciones para contratar con organismos públicos y un régimen de desistimiento y regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas. La Casa Rosada entiende que esas herramientas elevarían los costos de participar en emprendimientos como Sea Lion, aunque la aplicación efectiva de las penalidades dependerá del texto que finalmente se sancione, su entrada en vigor y los procedimientos correspondientes.

El principal obstáculo para la votación es el Título VII del proyecto, que modifica disposiciones electorales y penales vinculadas a la injerencia extranjera y sobre el cual el oficialismo todavía no logró cerrar un acuerdo. Bloques como Provincias Unidas y Argentina Federal reclaman eliminar ese apartado o separar su tratamiento del resto de la norma. Desde el Gobierno se resisten a retirarlo por completo y ofrecieron ajustes en la redacción, pero la diferencia amenaza con complicar una votación que la Casa Rosada pretende realizar antes del pronunciamiento internacional. Frente a ese escenario, La Libertad Avanza evalúa que Diputados vote por separado los distintos capítulos de la iniciativa.

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