lunes, 16 de noviembre de 2026
 
     

Senado: semana clave por PASO y discapacidad



El Gobierno necesita conseguir este martes las firmas en comisión para la suspensión de las PASO y evitar un nuevo papelón político.

Senado: semana clave por PASO y discapacidad

Por Redacción Actualidad Nacional ·

El Senado arrancó la última quincena de sesiones ordinarias con una agenda cargada de tensión y definiciones. La energía de la Casa Rosada está concentrada en avanzar este martes, en la comisión de Asuntos Constitucionales, con la suspensión de las PASO. Al mismo tiempo, la oposición da prácticamente por hecho que el jueves se votará en el recinto la nueva ley de discapacidad, un acuerdo que Karina Milei y el titular de Diputados, Martín Menem, cerraron con kirchneristas y dialoguistas con importantes concesiones, y que ahora, llamativamente, incomoda a Balcarce 50, que pretendería modificarla en un escenario sin chances reales.

La reunión en Asuntos Constitucionales no es un trámite menor para el Gobierno. Desde el jueves pasado, el oficialismo agitó una iniciativa que había estado dormida durante meses y anunció un supuesto acuerdo con mandatarios provinciales, cuyo borrador todavía está siendo analizado. Si mañana no logra las firmas necesarias, el resultado sería un papelón difícil de disimular, especialmente porque el Ejecutivo había prometido durante dos meses que todo este proceso concluiría a más tardar en octubre.

El proyecto no se limita a la cuestión electoral. También incorpora modificaciones sobre la Boleta Única, la reactivación de Ficha Limpia, el financiamiento privado de los partidos y los requisitos de adhesión para que una fuerza sea reconocida como nacional. Se da por descontado que varios de esos puntos quedarán afuera en el camino. Una aprobación exprés, con más de medio año de demora y varios artículos polémicos sin resolver, sería sorpresiva. Y aún queda pendiente explicar la cuestión de las colectoras.

La comisión está integrada por 19 legisladores, y para emitir dictamen se necesitan al menos 10 firmas, distribuidas entre mayoría y minoría. Los libertarios cuentan con seis votos propios: el fueguino Agustín Coto, quien preside la comisión aunque genera desconfianza en parte de su bloque y del entorno presidencial; su comprovinciana Belén Monte de Oca; Nadia Márquez, de Neuquén; Patricia Bullrich, referente porteña del espacio pese a las operaciones del entorno de Karina; el cordobés Luis Juez, y la puntana Ivanna Arrascaeta.

El resto deberá venir de aliados que, en algunos casos, responden a gobernadores. En ese grupo aparecen los radicales Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Eduardo Vischi, de Corrientes; la justicialista cordobesa Alejandra Vigo; y la ex afín al macrismo Beatriz Ávila, de Tucumán. Sin terminal definida aparecen el peronista disidente Carlos Espínola, de Corrientes; Flavio Fama, de la UCR de Catamarca; y la ahora ex kirchnerista Carolina Moisés, de Jujuy.

Desde la Casa Rosada dan por cerrados los apoyos de Suárez, Vischi y Vigo, aunque los tres generan dudas. La cordobesa viene buscando distanciarse del mileísmo y suele mostrarse incómoda en las discusiones legislativas. Ávila, en tanto, responde al gobernador Osvaldo Jaldo, quien defiende la existencia de las PASO, aunque en Argentina las sorpresas nunca están descartadas.

Espínola no suele tomar decisiones apresuradas. Moisés, vicepresidenta de la Cámara, tuvo gestos positivos hacia el oficialismo en temas recientes, mantiene diálogo frecuente con el gobernador salteño Gustavo Sáenz y recibió beneficios administrativos desde que asumió como senadora. Fama, por su parte, mostró señales contrarias en el pasado, aunque en este año tuvo posturas más divergentes, como en los debates sobre propiedad privada y venta de tierra a extranjeros.

Si mañana no hay dictamen, el tema deberá resolverse de forma acelerada. Hay legisladores que prefieren aprobar la iniciativa antes de que termine el mes para que pueda tratarse en sesiones extraordinarias en diciembre, si el Ejecutivo las convoca, y que Diputados pueda sancionar la reforma antes de fin de año. El objetivo es que la Justicia electoral tenga definiciones claras a tiempo.

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