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| viernes, 13 de noviembre de 2026 |
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Lázaro Báez: narco, lavado y pareja detenida
Su pareja Claudia Insaurralde fue detenida en Ezeiza junto a dos personas investigadas por narcotráfico y lavado de activos.
Una investigación por tráfico de cocaína en Santa Cruz terminó revelando conexiones inesperadas con el patrimonio de Lázaro Báez, el empresario condenado por corrupción en el caso Vialidad y que actualmente cumple una pena de 15 años de prisión. Lo que comenzó como un seguimiento a una presunta banda narco derivó en el descubrimiento de una financiera en El Calafate que recibiría hasta USD 50.000 semanales, una red de personas vinculadas económicamente al dueño del quebrado Grupo Austral y una segunda causa judicial por lavado de activos y asociación ilícita.
El personaje clave que une ambos expedientes es Cristian Sebastián Ibáñez, apodado "Budín", un hombre con antecedentes penales que era investigado por su participación en el negocio del narcotráfico y que, al mismo tiempo, funcionaba como uno de los principales operadores económicos de Báez. En las comunicaciones que mantenían, Ibáñez se refería al empresario como "el Tío", el mismo apodo que, según la hipótesis de los fiscales, identificaba a quien seguía dando órdenes desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza para administrar campos, cobrar alquileres y realizar operaciones con bienes que debían estar bajo control judicial.
La pareja de Báez, Claudia Insaurralde, fue detenida el lunes 9 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Junto a ella fueron arrestados Ibáñez y Valentina Micaela Devetac, pareja de este último. Los investigadores señalan a Insaurralde como una virtual lugarteniente en la estructura que administraba los bienes del empresario, con un rol decisivo en la ejecución de las instrucciones que llegaban desde la cárcel.
La nueva causa pone nuevamente bajo la lupa el destino de la fortuna que Báez construyó a través de Austral Construcciones, empresa fundada en mayo de 2003 que se convirtió en una de las principales contratistas de obras viales financiadas por el Estado nacional en Santa Cruz. Entre 2003 y 2015, su grupo recibió 51 contratos de obra pública en esa provincia, en el marco de un esquema de adjudicaciones que luego fue investigado y juzgado por la Justicia federal.
Ese proceso culminó con su condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el caso Vialidad, sentencia que quedó firme en junio de 2025. A eso se sumó una condena previa por lavado de activos en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Ambas sentencias derivaron en una pena unificada de 15 años de prisión y en medidas patrimoniales para recuperar bienes vinculados a los delitos.
El patrimonio acumulado por Báez no se limitaba a la construcción: incluyó establecimientos agropecuarios, hoteles, inmuebles, sociedades comerciales, vehículos y maquinaria. Una parte de esos bienes quedó embargada, sujeta a decomiso o sometida a otras restricciones judiciales. La nueva investigación busca determinar si el empresario logró mantener el control efectivo de algunos de esos activos a través de una red de colaboradores y cómo esa misma estructura terminó conectada con personas investigadas por narcotráfico.
La causa, identificada con el número 80825/2026, se inició a partir de sospechas sobre una organización que habría utilizado camiones de una empresa de transporte para mover cocaína. El trabajo de fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad fue el que permitió trazar el vínculo entre el mundo narco y el entorno económico del empresario preso, abriendo un frente judicial que ahora apunta directamente al corazón de su patrimonio embargado.
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