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| sábado, 7 de noviembre de 2026 |
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Adorni: piden investigarlo por evasión, no por enriquecimiento
El fiscal descartó la figura de enriquecimiento ilícito tras analizar operaciones en Bitcoin por US$200.000 entre 2014 y 2018.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa contra Manuel Adorni, exjefe de Gabinete, deje de tramitarse bajo la figura de enriquecimiento ilícito y sea derivada al fuero Penal Económico. El objetivo es determinar si el exfuncionario incurrió en delitos tributarios relacionados con sus declaraciones de ingresos, tenencias de dólares y operaciones con criptomonedas.
La decisión se tomó luego de que Pollicita evaluara el descargo presentado por Adorni, en el que el exfuncionario explicó el origen de su patrimonio. La pieza central de esa defensa fue la inversión de aproximadamente US$200.000 en Bitcoin realizada entre 2014 y 2018, antes de que Adorni ingresara al Gobierno. Según sostuvo, la venta posterior de esos activos le reportó US$591.544, dinero que habría conservado en dólares en efectivo.
El fiscal concluyó que las pruebas reunidas no son suficientes para descartar esa versión y, por lo tanto, no permiten sostener que hubo un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública. Sin embargo, esto no significa que la investigación se cierre ni que Adorni quede sobreseído.
La fiscalía identificó gastos por US$402.578 durante el período en que Adorni ocupó cargos en el Poder Ejecutivo, entre diciembre de 2023 y junio de 2026. De ese total, cerca de US$374.000 fueron abonados en efectivo. Además, se detectó una diferencia superior a los 43 millones de pesos entre los ingresos comprobados y las erogaciones realizadas.
Pollicita advirtió que existen indicios de posibles irregularidades que deben ser examinadas por la Justicia especializada en delitos económicos, en particular lo relacionado con las declaraciones de ingresos, las tenencias en moneda extranjera y los movimientos con criptomonedas.
En septiembre, Adorni había presentado un descargo en el que respondió 20 requerimientos de la fiscalía vinculados con propiedades, préstamos, viajes y gastos familiares. Las explicaciones sobre las criptomonedas se convirtieron en uno de los puntos más sensibles del expediente. Para verificar esa parte del relato, Pollicita ordenó verificar ocho direcciones digitales aportadas por la defensa. Las pericias confirmaron que esas billeteras existían, que tuvieron actividad entre 2014 y 2018, y que sus claves estaban bajo control de la defensa al momento de la verificación.
Ahora, el expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el cambio de competencia y dispone el traslado del caso al fuero especializado.
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