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| sábado, 7 de noviembre de 2026 |
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Justicia frenó baja de un centro para discapacitados
El juez Walter Lara Correa dictó una cautelar que protege a CEREP, en Flores, donde se atienden 61 personas con autismo y discapacidad intelectual.
La Justicia federal le ordenó al Gobierno nacional que mantenga la categorización de un centro terapéutico del barrio porteño de Flores que atiende a 61 personas con discapacidad, entre ellas niños, adolescentes y adultos con autismo, psicosis y discapacidad intelectual. La decisión judicial frenó, al menos de manera transitoria, la exclusión de esa institución del Registro Nacional de Prestadores, una medida que ponía en riesgo la continuidad de tratamientos y prestaciones de alojamiento.
El fallo lo dictó Walter Lara Correa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10. El magistrado hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Rehabilitación y Educación Psicomotriz, conocido como CEREP, con sede en el barrio de Flores. La resolución fue firmada el jueves 5 de noviembre e incluyó la orden de realizar una nueva inspección en el lugar. Además, el juez invocó las denominadas "Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas", una referencia poco habitual en fallos de este tipo.
La cautelar no anuló el procedimiento administrativo que había iniciado el Gobierno ni cuestionó sus atribuciones para fiscalizar este tipo de establecimientos. Lo que dispuso fue que el centro conserve su inscripción en el registro hasta que las autoridades nacionales lleven a cabo una nueva inspección e informen los resultados al tribunal en un plazo de diez días.
El conflicto tuvo su origen en una auditoría realizada el 12 de junio de 2026 por los organismos nacionales que controlan las prestaciones para personas con discapacidad. Durante esa revisión, los inspectores detectaron irregularidades edilicias y de funcionamiento, problemas de accesibilidad, deficiencias en materia de seguridad y observaciones sobre la documentación y la organización de los tratamientos.
A partir de esas conclusiones, la Secretaría Nacional de Discapacidad impulsó la baja de CEREP del Registro Nacional de Prestadores, tanto en la modalidad de Centro Educativo Terapéutico como en la de Hogar con Centro Educativo Terapéutico.
La institución, fundada el 23 de agosto de 1990, argumentó que había corregido la mayor parte de las deficiencias detectadas y que las autoridades no valoraron correctamente la documentación que presentó para acreditar las mejoras. En agosto entregó un descargo con 21 anexos que incluían fotografías, facturas de materiales y constancias de reparaciones realizadas.
El centro tiene 36 concurrentes ambulatorios y 25 personas alojadas de manera permanente, con una planta de 40 profesionales de la salud. La pérdida de la categorización nacional afectaba especialmente a quienes reciben cobertura a través de obras sociales, ya que el establecimiento dejaría de poder brindarles determinadas prestaciones dentro del sistema nacional, aunque conservaría su habilitación local para seguir funcionando.
Antes de dictar la cautelar, Lara Correa convocó a las partes a una audiencia el 14 de octubre y ordenó una inspección ocular en el lugar. Esa diligencia se llevó a cabo el 20 de octubre con la participación de funcionarias judiciales, representantes del Ministerio de Salud, profesionales que habían intervenido en la auditoría original y autoridades de CEREP. Durante el recorrido fueron examinados dormitorios, baños, aulas, espacios comunes, instalaciones de seguridad y sectores destinados a actividades educativas y terapéuticas.
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