jueves, 29 de octubre de 2026
 
     
50 sindicatos van a la Justicia por fondos retenidos

Liderados por Barrionuevo, denunciarán a Caputo por retener $688 mil millones que pertenecen al sistema sindical de salud.



El conflicto entre el sindicalismo y el Gobierno nacional por los fondos de las obras sociales está llegando a un punto de quiebre. Alrededor de 50 sindicatos, encabezados por Luis Barrionuevo, titular de los gastronómicos, presentarán en las próximas horas una denuncia judicial colectiva para exigir que el Ministerio de Economía libere aproximadamente 688 mil millones de pesos que permanecen retenidos y que, según los gremios, deben volver al sistema sindical de salud. En el escrito judicial se apuntará directamente contra el ministro Luis Caputo, a quien se acusará de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los fondos retenidos se dividen en dos grandes bloques: por un lado, unos 288 mil millones de pesos depositados en un plazo fijo en el Banco Nación, que corresponden al Fondo Solidario de Redistribución, destinado a cubrir reintegros a las obras sociales. Por otro lado, cerca de 400 mil millones de pesos en Fondos FIMA, acumulados a partir de un acuerdo de pago que OSDE realizó por deudas vinculadas a los aportes de sus afiliados voluntarios. La decisión de recurrir a la Justicia se tomó en una reunión que Barrionuevo mantuvo con gremios afines en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA). Participaron también referentes de la UOM Capital, conducida por Roberto Bonetti. La iniciativa cuenta además con el respaldo del Sindicato de Comercio, liderado por Armando Cavalieri, que conduce OSECAC, la obra social con mayor cantidad de afiliados del país, con 1.200.000 beneficiarios. La movida judicial implica también un desafío implícito a la conducción de la CGT, que lleva tiempo evaluando cómo responder a la crisis financiera de las obras sociales sin haber tomado medidas concretas hasta el momento, pese a tres reuniones con el ministro de Salud, Mario Lugones, que no arrojaron resultados. En paralelo, Barrionuevo rechaza el paro parcial de dos o cuatro horas que la CGT evalúa realizar tras la visita del Papa León XIV, e insiste en convocar a un paro general de 36 horas con movilización. Además, su sindicato, la UTHGRA, tiene previsto para el 16 de noviembre un paro nacional e una marcha hacia el Ministerio de Capital Humano. Los reclamos apuntan a que la Secretaría de Trabajo le otorgue la certificación de autoridades tras el triunfo electoral de diciembre pasado e homologue el último aumento salarial acordado. El escrito que preparan los abogados también incluirá un pedido de actualización del nomenclador de medicamentos, congelado desde hace aproximadamente tres años. Por esa situación, las obras sociales están recuperando apenas el 10% de lo que efectivamente gastan en ese rubro. Respecto del origen de los 288 mil millones de pesos, su historia se remonta a 2023, cuando el entonces ministro de Economía Sergio Massa incorporó al Presupuesto Nacional, a pedido de la CGT, una partida adicional de casi 148 mil millones de pesos para financiar prestaciones críticas como las de discapacidad. Esos fondos fueron restituidos solo parcialmente e incrementaron su valor al estar depositados a plazo fijo. Los 400 mil millones restantes provienen del Fondo de Emergencia e Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, bajo órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud. Ese fondo fue creado en 2016 e incorporó los recursos surgidos del acuerdo de pago con OSDE, que había sido denunciada en enero de 2017 por Swiss Medical por no haber ingresado al Fondo Solidario de Redistribución los aportes correspondientes a sus afiliados voluntarios. Esa denuncia derivó en una investigación de la Unidad Fiscal especializada en delitos contra la seguridad social, y en septiembre de ese año se alcanzó un acuerdo que dio origen a los fondos hoy reclamados.
   
     
 
 
 
 
 
 
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