Por Redacción Actualidad Nacional ·
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron ante el Tribunal Oral Federal 2 un pedido formal para que se aparte al perito tasador designado por Cristina Kirchner en el proceso de decomiso de bienes de la causa Vialidad. El profesional en cuestión es Sergio Felipe Pejkovic, titular de una inmobiliaria de Río Gallegos, y el motivo es claro: habría vínculos comerciales con Lázaro Báez, otro de los condenados en la misma causa.
El nombre de Pejkovic apareció en una escucha telefónica realizada en el marco de una investigación paralela que indaga si Báez continúa administrando y explotando su patrimonio desde la cárcel. Según los elementos recabados, el tasador habría gestionado propiedades del empresario y mantiene contacto con uno de sus hombres de mayor confianza. El cruce de información entre ambas fiscalías fue el que permitió detectar esta conexión.
Los fiscales solicitaron al tribunal que Pejkovic explique qué tipo de relación mantiene con Báez, su familia, sus empresas y su entorno. También pidieron que, mientras tanto, quede excluido de las inspecciones y tasaciones de los bienes vinculados al empresario. En su presentación, Luciani y Mola fueron contundentes: el problema no es que el perito defienda la postura de quien lo designó, sino que tendría un interés propio y lazos con un tercero cuyos bienes son precisamente los que debe tasar.
No es la primera vez que los fiscales advierten sobre este punto. Ya en una presentación anterior habían señalado la existencia de un posible conflicto de intereses que podía afectar la objetividad del profesional. El riesgo es concreto: el valor que se le asigne a cada propiedad impacta directamente en el alcance del decomiso.
Además del apartamiento de Pejkovic, Luciani y Mola pidieron al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema que informe sobre el avance de las tasaciones, que fueron ordenadas hace un año por el tribunal. De esa conclusión depende la ejecución del decomiso, cuyo monto actualizado asciende a casi $685.000 millones. Cristina Kirchner y Lázaro Báez deben responder de manera solidaria por esa suma.
Entre los activos más relevantes que forman parte del proceso figura un terreno ubicado en El Calafate, sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en el departamento Lago Argentino. Se trata de un predio de 6.001,64 metros cuadrados adquirido en 2007. En la misma zona aparecen otros lotes de gran extensión incorporados ese mismo año: uno de 44.106 metros cuadrados y otro de 87.046 metros cuadrados.
También integra la lista el complejo del hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los bienes más emblemáticos del expediente. El establecimiento se levanta sobre tres terrenos: uno perteneciente a la firma Los Sauces SA, donde se encuentra la llamada "Casona", y otros dos predios —identificados como 42-C 5-j y quinta 10A— que forman parte de un condominio compartido por Máximo y Florencia Kirchner.
El Tribunal Oral Federal 2 tiene a su cargo tanto la ejecución de la condena como el proceso de decomiso. El planteo de los fiscales busca que se esclarezca la situación del perito antes de que continúe interviniendo en la valuación de los bienes del empresario.
Contexto: En la causa Vialidad, el decomiso es el mecanismo judicial por el cual el Estado puede confiscar bienes obtenidos o vinculados a la comisión de delitos. Para ejecutarlo, los tribunales designan peritos tasadores que deben valuar esos activos con imparcialidad, ya que su estimación determina el alcance económico de la sanción.
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