Por Redacción Actualidad Nacional ·
Marcelo Kohen conoce bien los pasillos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La última vez que estuvo allí representando a la Argentina fue en 2012, cuando el objetivo era recuperar la Fragata Libertad, retenida en Ghana a pedido del fondo NML Capital, del financista estadounidense Paul Singer, que reclamaba el cobro de títulos de deuda argentina excluidos de los canjes de 2005 y 2010. En aquella ocasión, el tribunal falló de manera unánime a favor de Buenos Aires y el buque fue liberado.
Ahora Kohen volvió a la sede del organismo en Hamburgo con un caso distinto pero con la misma herramienta jurídica: una solicitud de medidas provisionales bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta vez el adversario es el Reino Unido, y lo que está en juego es el petróleo en el entorno de las Islas Malvinas.
El abogado, rosarino y radicado en Ginebra desde los años ochenta, es profesor titular de derecho internacional y secretario general del Institut de Droit International. Integró el equipo argentino junto a Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería y agente del país ante el tribunal; María Ibarzabal Murphy, secretaria legal y técnica de la Presidencia; y el asesor Nico Schrijver, reconocido como una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales.
El fallo está previsto para el 28 de noviembre. Lo que preocupa a distintos sectores de la política argentina es que los ingresos del proyecto Sea Lion terminen financiando y consolidando la presencia británica en las Islas antes de que exista una resolución definitiva sobre la soberanía, una discusión que se desarrolla en otro ámbito: la ONU.
Kohen fue claro sobre las consecuencias de no actuar: "Los Estados tienen derecho a decidir cuándo, cómo y bajo qué condiciones van a explotar recursos no renovables. Si el Reino Unido comienza la explotación de petróleo, esos derechos se pierden para siempre".
Sobre la estrategia británica de centrar su defensa en el argumento de la soberanía, Kohen explicó que el objetivo de Londres es que el tribunal considere que no tiene jurisdicción y que, por lo tanto, no pueda pronunciarse sobre el pedido argentino. El organismo solo puede actuar en cuestiones vinculadas a la Convención de Derecho del Mar, no sobre disputas territoriales. Por eso, según el abogado, la Argentina fue muy cuidadosa en dejar en claro que su solicitud busca preservar los derechos sobre la plataforma continental en disputa, sin introducir la cuestión de soberanía.
El proyecto Sea Lion prevé extraer más de 310 millones de barriles de petróleo de una zona cuya titularidad está en controversia. Si esa extracción avanza antes de un fallo definitivo, la Argentina perdería de manera irreversible su capacidad de decidir sobre esos recursos. "La perforación y la extracción ocasionan una modificación física irreversible de la plataforma continental y de sus recursos no renovables. Una vez producidos, no se puede volver atrás", advirtió Kohen.
Respecto al referéndum que las autoridades de las Islas organizaron en 2013, y que la fiscal general británica presentó como prueba del derecho a la autodeterminación, Kohen lo definió como un "referéndum de autosatisfacción". Su argumento es que no fue organizado ni controlado por las Naciones Unidas, y que la Asamblea General ya definió la manera de descolonizar Malvinas por una vía diferente.
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