Por Redacción Actualidad Nacional ·
La tecnología LED transformó el mercado del alumbrado público en Argentina. A diferencia de las viejas lámparas de sodio, mercurio o halogenuros metálicos, una luminaria LED puede funcionar entre 50.000 y 100.000 horas, lo que equivale a más de 20 años de uso continuo. Eso redujo los costos de mantenimiento entre un 25% y un 30%, según estimaciones oficiales, y explica por qué los municipios del conurbano bonaerense apostaron masivamente a esta tecnología.
Buena parte de ese equipamiento salió de una planta ubicada en San Martín. Allí, Fadalex S.R.L. fabrica de manera exclusiva los productos que comercializa Strand S.A., una de las principales proveedoras de alumbrado público de la provincia de Buenos Aires. Esa cadena de suministro está hoy en el centro de siete causas judiciales que investigan una presunta administración fraudulenta y un faltante contable que supera los 15.400 millones de pesos.
La situación pone en alerta a intendentes y administradores de corredores viales, ya que el conflicto judicial amenaza el suministro del equipamiento que reemplazó al viejo alumbrado en gran parte del país. La relevancia de la empresa quedó en evidencia cuando varios jefes comunales publicaron visitas a la fábrica destacando sus más de 40 años de trayectoria, sus 50 empleados y su aporte al sector productivo.
Los cuestionamientos no llegaron desde un competidor ni desde un organismo de control, sino desde la propia familia propietaria. Tras la muerte del fundador, Hugo Manuel Caivano, en mayo de 2024, la rama minoritaria de los herederos quedó desplazada de la conducción de ambas sociedades. Según su presentación ante la Justicia, ese desplazamiento se concretó mediante actas de asamblea adulteradas.
Uno de los elementos más llamativos del expediente es el Acta N.° 54, que registra la presencia física de Caivano en una reunión de directorio en un momento en que, de acuerdo con los registros médicos incorporados a la causa, el empresario se encontraba internado en terapia intensiva.
Los accionistas minoritarios señalan como responsables a Juan Abdul Luis Pizzani, sobrino del fundador, y a Mariana Elizabeth Caivano. Según los escritos judiciales, ambos controlaban las cuentas de Fadalex y de Strand, condujeron las asambleas cuestionadas y firmaron cheques que luego fueron rechazados. Se trata de acusaciones que la Justicia todavía debe probar.
El dato más contundente surge de las auditorías forenses incorporadas a la causa penal y del informe elaborado por un interventor judicial. Entre 2024 y enero de 2026, Fadalex entregó a Strand suministros certificados por 17.859.986 pesos, pero solo habría recibido ingresos por 2.449.857.497 pesos. La diferencia superaría los diez millones de dólares.
Mientras ese desfase se acumulaba, Strand continuó cobrando con normalidad a municipios y concesionarias viales. Fadalex, en cambio, quedó sin capital de trabajo pese a contar con un patrimonio considerable: un predio industrial en Villa Libertad, San Martín, tasado junto a propiedades linderas en más de 1,5 millones de dólares, y una flota vehicular valuada en 27,7 millones de pesos, siempre según los datos del expediente.
Los denunciantes sostienen que parte del dinero se canalizó a través de una "caja paralela", un registro físico que habría funcionado por fuera de la contabilidad oficial de la empresa. La Justicia ya solicitó documentación a la alcaldía en la que la sociedad ganó licitaciones, y el caso continúa bajo investigación.
Contexto: La intervención judicial de una empresa ocurre cuando un juez designa a un tercero para supervisar o administrar una sociedad ante irregularidades graves que ponen en riesgo su funcionamiento o el patrimonio de sus socios. El alumbrado público es un servicio esencial que los municipios contratan mediante licitaciones, lo que hace que los conflictos en la cadena de proveedores puedan afectar a miles de vecinos.
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