Por Redacción Actualidad Nacional ·
El expediente volvió al juzgado local de Villa La Angostura con una sola dirección posible: ejecutar la sentencia que obliga a la comunidad mapuche Paicil Antriao a devolver un camping ubicado sobre la costa del lago Correntoso al municipio. Después de más de 15 años de litigio, la comunidad agotó todas las instancias judiciales disponibles para revertir la orden de desalojo, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también rechazó sus planteos.
El juez Francisco Astoul Bonorino quedó a cargo de avanzar con la ejecución de la sentencia favorable a la Municipalidad de Villa La Angostura. El magistrado tiene la potestad de intimar a los ocupantes a retirarse voluntariamente del predio y entregar el inmueble. En caso de que esa instancia no prospere, podrá disponer las medidas necesarias para concretar el desalojo por la fuerza, con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.
El origen del conflicto se remonta a fines de 2011, cuando venció el período de concesión del camping. Hugo Montes y Sofía Antriao, integrantes de la comunidad, eran los concesionarios del establecimiento y, al finalizar el contrato, tenían la obligación de devolver la administración del predio al municipio. Sin embargo, no lo hicieron y plantearon en cambio una reivindicación territorial basada en la preexistencia de sus familiares y antepasados en esas tierras, argumentando que el lugar formaba parte de su territorio ancestral.
Uno de los documentos incorporados al litigio fue una donación de tierras realizada en abril de 1951 por José Victoriano Antriao a la entonces Comisión de Fomento de Villa La Angostura. Sin embargo, los tribunales concluyeron que ese antecedente no acreditaba la posesión ancestral invocada por la comunidad sobre el sector donde se ubica el camping.
La defensa de Paicil Antriao estuvo a cargo de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que presentó múltiples recursos a lo largo de los años. Si bien esas presentaciones lograron demorar la ejecución de la sentencia, no consiguieron revertirla.
El camping se encuentra aproximadamente a ocho kilómetros del centro de la localidad y era explotado mediante una concesión otorgada por la administración municipal. El municipio denunció a integrantes de la comunidad por permanecer en el predio una vez vencida esa concesión, lo que derivó en un conflicto que se extendió por más de tres lustros.
En algún momento del proceso, el intendente Javier Murer llegó a proponer una nueva concesión del establecimiento a la comunidad para garantizar la prestación de servicios durante la temporada de verano. No obstante, la resistencia social ante esa iniciativa obligó al jefe comunal a desistir del proyecto.
La situación de Paicil Antriao no se limita a este caso. La misma comunidad se instaló sobre la traza de la ruta de Circunvalación que se construye en Villa La Angostura, y sus integrantes serán reubicados por el gobierno neuquino para permitir la continuidad de esa obra. Además, mantienen otros conflictos territoriales sin resolver, tanto con organismos públicos como con particulares.
Contexto: Las comunidades mapuches tienen reconocimiento legal como pueblos preexistentes al Estado argentino, lo que les otorga derechos sobre tierras de ocupación tradicional. Sin embargo, cuando esas tierras están bajo administración municipal o provincial, suelen surgir disputas sobre quién tiene la titularidad legítima, que frecuentemente se dirimen en la Justicia.
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