Por Redacción Actualidad Nacional ·
El Gobierno analiza volver a tratar la Ley Malvinas la próxima semana, luego de que el fracaso de la sesión en la Cámara de Diputados generara desconcierto en la Casa Rosada y reavivara las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza. Javier Milei esperaba que el oficialismo lograra la media sanción del proyecto y había transmitido su entusiasmo durante la mañana. Sin embargo, la convocatoria terminó con apenas 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios para abrir el debate.
El resultado tomó por sorpresa a la mesa política del Gobierno, que había dado por garantizados los acuerdos parlamentarios. En el entorno presidencial reconocen que la caída de la sesión representó un golpe político para una administración que pretendía mostrar fortaleza en el Congreso. El Presidente sigue de cerca la evolución del riesgo país y entiende que las victorias legislativas pueden contribuir a mejorar las expectativas económicas. En Balcarce 50 admiten que no esperaban terminar la jornada buscando explicaciones por la derrota.
La escena más llamativa ocurrió dentro del recinto. Gisela Scaglia y otros integrantes de Provincias Unidas ingresaron a la Cámara, pero permanecieron de pie sin ocupar sus bancas mientras Martín Menem intentaba reunir el quórum. Desde el oficialismo sostienen que esos legisladores habían anticipado que se sentarían y que su decisión de último momento alteró todas las previsiones. El presidente de la Cámara intentó persuadirlos, pero debió levantar la convocatoria una vez transcurrida la media hora reglamentaria.
En el bloque libertario responsabilizan principalmente a los diputados alineados con Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. No obstante, Provincias Unidas confirmó dos reclamos concretos: la incorporación de la nueva ley de biocombustibles al debate y el reconocimiento de la representación que consideran que les corresponde en el Consejo de la Magistratura. La discusión también se entrecruza con las negociaciones por el Presupuesto 2027 y los pedidos de recursos de los gobernadores.
La iniciativa sobre biocombustibles propone modificar el régimen de producción, comercialización y mezcla obligatoria con combustibles tradicionales. Su aprobación ampliaría el mercado para productores de bioetanol y biodiésel, actividades especialmente relevantes en Córdoba y Santa Fe. El problema para el Gobierno es que el PRO mantiene objeciones sobre el nuevo esquema. En sectores de La Libertad Avanza reconocen que incorporar ese proyecto sin tener los votos para aprobarlo podía deteriorar la relación con los diputados de Cristian Ritondo.
El segundo conflicto involucra el reparto de poder dentro del Poder Judicial. Provincias Unidas, que agrupa a 18 legisladores, reclama que Juan Brugge ocupe la banca correspondiente a la tercera minoría en el Consejo de la Magistratura. El PRO, con 12 diputados, pretende impulsar a Florencia De Sensi mediante un acuerdo con el oficialismo. La disputa adquirió especial relevancia en el marco de la renovación de los representantes de Diputados en el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces.
La derrota también abrió un nuevo capítulo en la interna entre el sector político de los Menem y el espacio que responde a Santiago Caputo. En el entorno del asesor presidencial creen que hubo maniobras para obstaculizar una iniciativa que él impulsó desde su elaboración. Las sospechas alcanzan a la negociación parlamentaria y a las modificaciones introducidas en el proyecto para incorporar un Consejo de Seguridad Nacional.
Desde el entorno de Martín Menem rechazan esa lectura y aseguran que el resultado fue imprevisto también para quienes negociaron el quórum. Allí sostienen que Provincias Unidas cambió de posición y que los acuerdos quedaron condicionados por una disputa que excede la ley Malvinas.
Contexto: La Cámara de Diputados es una de las dos cámaras del Congreso Nacional y, para sesionar y votar proyectos de ley, necesita reunir quórum: la presencia de más de la mitad de sus miembros. Sin ese mínimo, el debate no puede abrirse. El Consejo de la Magistratura es el órgano constitucional encargado de seleccionar, disciplinar y remover a los jueces federales, por lo que su composición tiene peso directo sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
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