jueves, 19 de noviembre de 2026
 
     

Senado aprobó la nueva ley de discapacidad



La norma obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra. Mantiene pensiones, nomenclador universal y actualización por inflación.

Senado aprobó la nueva ley de discapacidad

Por Redacción Actualidad Nacional ·

El Senado sancionó por unanimidad una nueva ley de discapacidad que permitirá salir del régimen de emergencia vigente, el cual vence a fin de año. La iniciativa cosechó 71 votos a favor y ninguno en contra, y conserva los puntos centrales del sistema actual que el Gobierno debió ceder a la oposición durante el debate en Diputados.

Entre los aspectos que se mantienen figuran la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. El texto también ratifica que las pensiones equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) será la vía principal para acceder a ese beneficio.

El senador Agustín Monteverde, del bloque libertario y titular de la comisión de Presupuesto, ofició de miembro informante y defendió la norma al sostener que "la única forma de salir de la emergencia es con reglas estables". Intentó presentar el proyecto como una construcción colectiva, aunque el recorrido del texto estuvo marcado por las concesiones que el oficialismo debió hacer en la Cámara baja y por un intento fallido de modificar el contenido en el Senado antes de que se dictaminara.

La senadora Alicia Kirchner, presidenta de la comisión de Población y Desarrollo Humano, respaldó la sanción pero expresó su preocupación por la implementación a través de oficinas de la ANSeS. Señaló que hoy existen 427 centros en todo el país y advirtió que el 42,9% de ellos se concentra en la provincia de Buenos Aires, poniendo en duda la capacidad operativa del organismo para gestionar el sistema a nivel nacional.

El senador Guillermo Andrada, de Convicción Federal, mencionó datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso y estimó que el gasto en el área alcanzará los 600.000 millones de pesos durante el corriente año. Por su parte, Monteverde citó al mismo organismo para proyectar un gasto de 1,2 billones de pesos para 2027.

Uno de los puntos más debatidos fue la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. La ley habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

La norma también garantiza el acceso a las prestaciones básicas de salud de la ley 24.901, conocida como Programa Incluir Salud, tanto para titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad. Para evitar futuros cuestionamientos del oficialismo, se incluyeron partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema, con previsión de compensaciones desde el Tesoro en caso de que esas partidas resulten insuficientes. Asimismo, se establece que el Gobierno deberá garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En materia de controles, la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías periódicas cruzando datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS. Ante incumplimientos objetivos, se podrá suspender de manera preventiva un beneficio, aunque bajo un proceso que contempla notificación al afectado y rehabilitación provisoria.

La senadora radical Mariana Juri recordó que los problemas de financiamiento en el área no comenzaron con la actual gestión, sino que se fueron profundizando en gobiernos anteriores a partir de la reducción paulatina de las partidas presupuestarias. Resta ahora la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, que conserva la potestad de realizar vetos parciales o totales sobre la norma sancionada.

Contexto: En Argentina, el sistema de discapacidad garantiza pensiones, cobertura de salud y prestaciones a personas con discapacidad certificada. Históricamente, parte de ese sistema funcionó bajo regímenes de emergencia que requieren renovación periódica, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de los beneficios para los destinatarios.

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