Por Redacción Actualidad Nacional ·
Un juez de garantías de Neuquén formalizó los cargos contra la concejal de San Patricio del Chañar, Mónica Beatriz Barrera. La acusación, impulsada por la Fiscalía, es por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, delito previsto en los artículos 265 y 45 del Código Penal. El magistrado Luciano Hermosilla resolvió abrir una investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses, luego de escuchar los argumentos del fiscal Juan Narváez, del asistente letrado Facundo Bernat y de la querella de la Fiscalía de Estado.
La acusación sostiene que Barrera habría intervenido activamente en un expediente municipal que terminó con la transferencia a su nombre del Lote 10 de la Chacra 28, ubicada en Picada 9. Según la teoría del caso expuesta en audiencia, el 25 de noviembre de 2024 la concejal le solicitó al Poder Ejecutivo Municipal que dejara sin efecto una ordenanza de 1996, lo que habría allanado el camino para que le vendieran ese terreno fiscal.
El expediente llegó al Concejo Deliberante y, el 24 de junio de 2025, la Comisión de Asuntos Institucionales emitió un despacho favorable. Para la Fiscalía, ese paso ocurrió con la participación directa de la propia edil y sin un dictamen jurídico formal previo. Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria N° 13, Barrera tomó la palabra para fundamentar la propuesta y luego votó a favor de la adjudicación. La ordenanza se aprobó por tres votos contra dos.
La decisión quedó plasmada en la Ordenanza N° 1497/25, que habilitó el cambio de titularidad del inmueble y fue firmada por la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marta Verónica González.
La Fiscalía también había pedido imputar a González por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, argumentando que no habría aplicado los controles necesarios durante el proceso legislativo. Sin embargo, el juez Hermosilla rechazó esa imputación en esta etapa, al considerar que existen dudas sobre la existencia de dolo en la conducta atribuida a la viceintendenta.
Entre las irregularidades señaladas por el Ministerio Público Fiscal figura el incumplimiento de exigencias de la Carta Orgánica Municipal. Según la acusación, la aprobación requería una mayoría de dos tercios del Concejo, equivalente a cinco votos, y debía realizarse una licitación pública o remate para transferir inmuebles municipales. Ninguna de esas condiciones se habría cumplido. Además, el dictamen jurídico escrito fue incorporado al expediente recién minutos después del cierre de la sesión en la que se aprobó la transferencia.
Con la investigación formalmente abierta, la acusación contará con cuatro meses para profundizar las medidas del caso.
A mediados de septiembre, la Justicia Civil de Neuquén condenó en primera instancia a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar $5 millones más intereses al presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), Marcelo Severini, por daño moral derivado de una denuncia penal que fue archivada.
Contexto: Las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública es un delito previsto en el Código Penal argentino que sanciona a funcionarios que se interesan en contratos u operaciones en las que deben intervenir por razón de su cargo. Los concejos deliberantes son los órganos legislativos municipales, encargados de aprobar ordenanzas y controlar el uso de los bienes públicos locales.
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