Por Redacción Actualidad Nacional ·
La Cámara de Diputados se prepara para una extensa jornada en la que el oficialismo buscará avanzar con dos proyectos de alto impacto: la ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Se estima que la sesión se extenderá alrededor de 12 horas.
La llamada ley Malvinas apunta a endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales, renovables o no renovables, en el Atlántico Sur sin contar con autorización argentina. El proyecto contempla multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos que participen en actividades irregulares en esa zona.
Tras negociaciones con bloques aliados y presiones del gobierno de Estados Unidos, el oficialismo aceptó excluir de las sanciones a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión indirectos.
La iniciativa también prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente de la Nación y con participación permanente de la Jefatura de Gabinete, los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica. Este organismo tendrá facultades para coordinar políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior, y además podrá analizar inversiones de Estados extranjeros o de empresas de capital extranjero en sectores sensibles como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.
Ese punto genera tensión con los aliados del oficialismo, quienes temen que el gobierno nacional pueda interferir en inversiones negociadas por las provincias. Para responder a esos reclamos, el proyecto incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento que auditará las decisiones del Consejo, y el Poder Ejecutivo deberá informarle dentro de las 48 horas las medidas de seguridad que adopte.
El texto también incluye penas de entre cinco y 12 años de prisión para quienes actúen por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero con el objetivo de alterar procesos electorales, manipular la opinión pública o condicionar decisiones de autoridades nacionales.
Aunque el dictamen excluye de esa figura al periodismo, la actividad diplomática, la investigación académica y la representación abierta de intereses, sectores de la oposición advierten que la redacción no es suficientemente clara y podría afectar la libertad de expresión y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso, anticiparon que el Título VII podría ser rechazado en el recinto, dado que requiere una mayoría especial de 129 votos porque modifica el Código Penal y el régimen de Partidos Políticos.
Durante el debate en comisión, la funcionaria de la Secretaría Legal y Técnica Paula Taddei se comprometió a reescribir algunos artículos, pero los aliados señalaron que los cambios fueron menores y no alteraron el sentido general del texto.
El otro eje de la jornada será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa a Diputados luego de que el Senado introdujera modificaciones al proyecto que la Cámara baja había aprobado previamente. La reforma busca prohibir que la autoridad monetaria financie al Tesoro mediante emisión.
El temario de la sesión también incluye la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo, el Acuerdo de Libre Comercio entre los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercosur, y dos convenios entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires orientados a profundizar la transferencia de competencias judiciales al ámbito porteño.
Contexto: La Carta Orgánica del Banco Central es la ley que regula el funcionamiento, los objetivos y las facultades de esa institución, incluyendo su relación con el Estado. La emisión monetaria para financiar el gasto público ha sido históricamente una fuente de inflación en Argentina, por lo que su regulación es considerada clave para la estabilidad económica del país.
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