Por Redacción Actualidad Nacional ·
Un diputado del bloque de La Libertad Avanza presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, firmada por Oscar Liberman, plantea una transformación profunda del sistema tributario provincial y propone reemplazar ese tributo por uno que se aplique únicamente al consumidor final.
El nuevo impuesto se llamaría Impuesto Provincial al Consumo Final (IPCF) y su diferencia central con el esquema actual es el momento en que se cobra. Mientras que Ingresos Brutos grava cada etapa de la cadena productiva y comercial, el IPCF recién se aplicaría cuando el bien o servicio llega al usuario final. Las operaciones de reventa, producción o transformación quedarían fuera del gravamen hasta ese punto.
El argumento principal del proyecto es que el sistema vigente genera una acumulación del tributo en cada eslabón productivo, lo que termina elevando los precios que pagan los consumidores. Liberman sostuvo que Ingresos Brutos castiga la producción, encarece bienes y servicios, y perjudica a las empresas que compiten con productos de otras provincias o del exterior. Según el diputado, el impuesto genera costos ocultos, desalienta la inversión y resta competitividad a la economía provincial.
En cuanto a los números, el proyecto fija una alícuota general máxima del 6,25% sobre el precio neto de cada operación. Los fundamentos del texto, elaborados con datos de 2025, estiman que una tasa del 6,11% alcanzaría para mantener el nivel de recaudación actual. El esquema también contempla una alícuota diferenciada y más baja para medicamentos, insumos sanitarios y transporte público, además de reintegros focalizados para hogares de menores ingresos.
La implementación sería gradual, con un período de transición de hasta cinco años. Durante ese lapso, cada año deberán incorporarse al nuevo régimen sectores que representen al menos el 20% de la recaudación de Ingresos Brutos del ejercicio anterior. A medida que cada actividad migre al IPCF, dejará de tributar bajo el esquema anterior, y el proyecto prohíbe expresamente que una misma operación quede alcanzada por los dos tributos al mismo tiempo.
Liberman defendió ese enfoque gradual y afirmó que la propuesta no es una medida improvisada, sino una transición ordenada con reglas claras y mecanismos para preservar los recursos públicos.
El texto también incluye disposiciones para proteger las finanzas de los municipios bonaerenses. El nuevo impuesto se integraría a la masa coparticipable y se crearía un Fondo de Compensación Municipal para asistir, durante los primeros tres años de vigencia, a los distritos que sufran una caída en sus recursos por efecto del cambio. Además, se reconocerían los saldos a favor acumulados bajo Ingresos Brutos, que podrían aplicarse a otras obligaciones tributarias o solicitarse en devolución según cada caso.
Entre las herramientas de control que incorpora la iniciativa figura el Certificado de Reventa Digital, un instrumento destinado a identificar las operaciones alcanzadas por el nuevo tributo y transparentar la cadena de comercialización.
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