Por Redacción Actualidad Nacional ·
En plena Ciudad de Panamá, dos policías en moto interceptaron un Mercedes-Benz negro y pidieron identificación al conductor. Lo que encontraron cambió todo: una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades chinas, que reclamaban la extradición del hombre por malversación de fondos por alrededor de 300 millones de dólares.
Zhang, un negociador de 44 años, apenas alcanzó a envolverse la chaqueta de su traje gris alrededor de la cabeza antes de ser esposado y llevado ante las cámaras en la Oficina Central Nacional de la Interpol en Panamá. Una imagen muy distinta a la que proyectaba apenas unos años atrás, cuando era uno de los principales operadores de los intereses chinos en el país centroamericano.
Su historia refleja con claridad los vaivenes de la relación entre China y Occidente en la última década. Zhang llegó a Panamá con un objetivo concreto: expandir la influencia de Pekín en la región. Fue el hombre detrás de un ambicioso proyecto portuario que buscaba transformar una antigua base militar estadounidense, ubicada cerca de la entrada atlántica del canal de Panamá, en la terminal de contenedores más grande de toda América Latina. Un punto estratégico para los intereses chinos en una de las rutas comerciales más importantes del planeta.
Sin embargo, hoy el escenario es completamente distinto. El Partido Comunista de China ejerce un control mucho más estricto sobre los empresarios que operan en el exterior, y Panamá quedó en el medio de una disputa geopolítica de alto voltaje entre Washington y Pekín. El presidente Donald Trump ha sostenido públicamente que China tiene demasiado poder sobre el canal panameño.
Desde la cárcel, Zhang asegura que es una víctima. En una carta enviada en respuesta a preguntas por escrito del New York Times, afirmó que China está presionando a Panamá a medida que siente que su influencia sobre el canal se debilita, y que él es simplemente un peón en ese juego político más amplio. Para Zhang, la causa en su contra es una maniobra de Pekín para recuperar el control directo de la infraestructura que él mismo ayudó a levantar.
Pero sus exsocios comerciales tienen una versión muy diferente. Para ellos, Zhang es un fugitivo corporativo que usó jurisdicciones offshore y dinero ajeno para enriquecerse. Prometió negocios y financiamiento a buena parte de la élite panameña, promesas que nunca se concretaron. Mientras tanto, cobraba un salario de 6.300 dólares mensuales, según revelaron sus abogados en una audiencia de fianza, una cifra considerable en el contexto panameño.
Su imagen pública acompañaba ese perfil: trajes a medida, un reloj A. Lange & Söhne y el Mercedes negro con el que fue interceptado. Zhang acumula demandas civiles, denuncias penales y procesos judiciales en varias jurisdicciones. Al mismo tiempo, él mismo lleva adelante una demanda de arbitraje internacional contra el Estado panameño.
Conciliar las dos versiones, la del empresario estafador y la del ejecutivo perseguido por razones políticas, resulta casi imposible. La propiedad del puerto sigue siendo materia de disputa y los entramados financieros detrás del proyecto son poco transparentes. El mes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá acordó extraditarlo a China, según un documento visto por el Times.
Ninguno de los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países respondió consultas sobre el caso.
Durante diez años, Zhang supo aprovechar el creciente interés de China en Panamá para construir su propio poder. Ahora, mientras Pekín y Washington se disputan el canal, su red de negocios colapsó y los contactos políticos que antes lo protegían ya no le sirven de nada. Una excolega que trabajó con él incluso denunció acoso, coerción y falsificación de registros por parte de autoridades locales en China en el caso de Zhang.
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