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| jueves, 12 de noviembre de 2026 |
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Corte IDH condena a Argentina por destitución de Moliné
El tribunal falló que el juicio político de 2003 violó la independencia judicial y ordenó regularizar su situación previsional y pagar indemnizaciones a su familia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por haber violado la independencia del Poder Judicial durante el juicio político que en 2003 terminó con la remoción de Eduardo Moliné O'Connor como integrante de la Corte Suprema de Justicia. La causal esgrimida en aquel momento fue "mal desempeño" en el ejercicio del cargo. El proceso se desencadenó tras la llegada al poder del entonces presidente Néstor Kirchner, quien impulsó la renovación del máximo tribunal y solicitó al Congreso que iniciara juicio político contra varios de sus miembros.
Según el fallo del tribunal internacional, la acusación formulada por el Congreso de la Nación contra Moliné O'Connor para apartarlo de su función representó "en su conjunto un serio menoscabo a la independencia judicial". A su vez, el pronunciamiento señaló que las autoridades argentinas "negaron la autonomía que es imprescindible reconocer a las autoridades jurisdiccionales para el adecuado ejercicio de las funciones que les son propias".
La sentencia fue firmada por los jueces Rodrigo Mudrovitsch, de Brasil; Patricia Pérez Goldberg, vicepresidenta del tribunal, de Chile; Ricardo C. Pérez Manrique, de Uruguay; Nancy Hernández López, de Costa Rica; Alberto Borea Odría, de Perú, y Diego Moreno Rodríguez, de Paraguay. La magistrada Verónica Gómez no participó de la decisión debido a su nacionalidad argentina.
Uno de los ejes centrales del fallo fue la utilización de resoluciones jurisdiccionales como base para la destitución. La Corte IDH consideró que eso comprometió la independencia judicial, protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. "La Corte reitera que la garantía de la independencia judicial conlleva la prohibición de que un juicio político y la eventual destitución de un juez o una jueza se fundamente en el contenido de las decisiones que ha dictado", advierte la sentencia.
El tribunal también cuestionó la suspensión preventiva que sufrió el magistrado, ya que el Senado no explicó por qué esa medida era necesaria. Además, concluyó que Moliné O'Connor no habría contado con tiempo suficiente para preparar su defensa ni para ofrecer pruebas en su favor.
Otra de las críticas apuntó a la falta de fundamentación de varias resoluciones adoptadas durante el trámite del juicio político, que según el fallo "carecieron de la motivación necesaria". A eso se sumó la ausencia de una respuesta judicial adecuada ante los recursos que el propio Moliné O'Connor presentó para cuestionar su remoción, ya que las instancias judiciales no trataron debidamente los argumentos planteados.
En cuanto a las consecuencias económicas y previsionales, la Corte IDH determinó que la revocación de la pensión vitalicia del exmagistrado, derivada de su apartamiento del cargo, vulneró sus derechos. El fallo precisó que ese acto "conculcó sus derechos" y además constató que el proceso judicial iniciado para impugnar esa decisión se extendió de manera injustificada durante más de diez años.
En consecuencia, el tribunal declaró que Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana. También consideró vulnerados los derechos políticos, a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, previstos en los artículos 23.1.c), 21 y 26 del mismo instrumento, todos en relación con la obligación general de respeto y garantía establecida en el artículo 1.1. El tribunal concluyó además que las violaciones comprobadas afectaron el proyecto de vida de Moliné O'Connor, quien ya falleció.
En materia de reparaciones, la Corte IDH estableció que la propia sentencia constituye una forma de satisfacción y ordenó al Estado regularizar la situación previsional del exjuez y abonar indemnizaciones a su familia.
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