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| sábado, 7 de noviembre de 2026 |
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Privatización de AySA: socios sin registro
Dos accionistas extranjeros no estaban inscriptos en la IGJ al adjudicarse.
Dos de los cuatro accionistas que en los próximos días tomarán el control de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) participaron de la licitación pública sin estar inscriptos en la Inspección General de Justicia (IGJ). Este es uno de los puntos grises de la inminente privatización del servicio de agua potable y desagües cloacales para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Gran Buenos Aires, que se concretará después de 20 años de gestión pública sobre la empresa.
Las acciones del Estado en AySA fueron transferidas por 340 millones de dólares a un operador estratégico conformado por cuatro sociedades agrupadas en un consorcio. La participación accionaria se distribuye de la siguiente manera: Rowing SA (20%), Transclor (10%), Arcos Saneamento e Participações (15%) y PHX Aqua AR BV (55%). Las dos últimas, ambas sociedades extranjeras, lograron ingresar al negocio sin cumplir con la inscripción en la IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.
El llamado a licitación se realizó el 14 de mayo de 2026, la apertura de ofertas fue el 8 de octubre y la adjudicación se anunció el 20 de ese mismo mes. Para esa fecha, PHX Aqua —que concentra el 55% de las acciones, es decir, la mayor parte del paquete— todavía tenía su trámite de inscripción en proceso, sin haberlo completado. Arcos Saneamento, por su parte, ni siquiera lo había iniciado.
El abogado porteño Fernando Horacio Cao se presentó en la IGJ el 7 de septiembre como representante legal de PHX Aqua y solicitó registrarla como sociedad extranjera. La entidad se había constituido apenas 15 días antes en Ámsterdam. Sin embargo, la inscripción recién quedó completada el 21 de octubre, es decir, un día después de que se anunciara la adjudicación.
Más llamativa aún es la situación de Arcos Saneamento, la empresa que cumplirá el rol de socio técnico del operador que administrará durante al menos 30 años el suministro de agua potable y cloacas para más de diez millones de habitantes. En este caso, el representante legal presentó la documentación en la IGJ el 3 de noviembre, un mes después de la apertura de ofertas y 15 días después de la adjudicación. Recién en esa fecha se inició el "proceso de estudio precalificado" que debe tramitar por la Oficina de Sociedades Extranjeras del organismo.
El orden lógico debería haber sido exactamente el inverso. El abogado Salvador Paz Menéndez, especialista en sociedades, explicó que las sociedades que pasen a formar parte de una sociedad anónima inscripta en la IGJ, como es el caso de AySA, deben estar inscriptas en el mismo Registro Público como accionistas extranjeros, en los términos del artículo 123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.
Esa inscripción exige presentar una serie de documentos: el estatuto extranjero, un certificado de vigencia, una resolución de la casa matriz que apruebe la participación en una sociedad anónima en Argentina, la aceptación del cargo por parte del representante legal designado —con indicación de si se trata de una persona políticamente expuesta— y, lo central: la identidad de los beneficiarios finales de la sociedad.
Paz Menéndez explicó que la declaración jurada de beneficiario final es un requisito obligatorio e ineludible para inscribir una sociedad extranjera. En ella debe indicarse qué persona o personas humanas ejercen el control directo o indirecto de la entidad. Se considera beneficiario final a quien tenga al menos el 10% del capital o de los derechos de voto, o a quien ejerza control por otros medios.
El especialista aclaró además que declarar los beneficiarios finales no es lo mismo que declarar quiénes son los accionistas. Este último requisito existía en la resolución general IGJ N° 7/2015, pero fue eliminado con la Resolución 15/2024, con el argumento de alentar las inversiones en Argentina y desburocratizar los requisitos para la inversión extranjera.
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