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| martes, 3 de noviembre de 2026 |
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Ley de violencia infantil: el Senado debe votar
Más de 30 organizaciones piden que el proyecto se apruebe antes de fin de noviembre, cuando vence el período ordinario.
Hace años que el Congreso argentino no logra sancionar una ley que establezca protocolos concretos para prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de violencia contra niñas, niños e adolescentes. Ante ese vacío legal, la Fundación Red por la Infancia, junto con más de 30 organizaciones de la sociedad civil e instituciones de protección de derechos de distintas provincias, lanzaron un reclamo formal al Senado: que apruebe el proyecto dictaminado la semana pasada antes de que finalice el período ordinario de sesiones, a fines de noviembre.
El texto fue impulsado en la Cámara alta por la senadora chubutense Andrea Cristina, del PRO, quien responde al gobernador Ignacio Torres. El dictamen se obtuvo en el plenario de las comisiones de Legislación General y de Población e Desarrollo Humano, e incluye las firmas de legisladores de distintos espacios: las libertarias Patricia Bullrich y Nadia Márquez, los justicialistas Pablo Bensusán y Fernando Salino, los kirchneristas Mariano Recalde y Jorge Capitanich, el radical Rodolfo Suárez y el peronista disidente Carlos Espínola. La única firma en disidencia parcial fue la de la macrista María Huala.
El corazón del proyecto está en su artículo segundo, que obliga a toda institución —deportiva, educativa, religiosa, recreativa o de cualquier otro tipo, pública o privada— que trabaje con menores a diseñar e implementar protocolos de prevención y actuación ante situaciones de violencia, en conjunto con las autoridades de cada jurisdicción y según lineamientos del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia e Familia.
Desde Red por la Infancia recordaron que la historia de este proyecto arranca en 2018, cuando salieron a la luz los abusos y la explotación sexual de adolescentes en las divisiones inferiores del Club Independiente. Desde entonces, la iniciativa contó con apoyo transversal, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras en distintas instancias, pero perdió estado parlamentario en dos oportunidades sin convertirse en ley.
Durante esos ocho años, nuevos casos de violencia institucional volvieron a exponer las fallas del sistema. Las denuncias por abusos en jardines de infantes, los casos del Instituto Próvolo, el crimen de Lucio Dupuy y las nuevas denuncias de grooming vinculadas a Independiente son parte de una cronología que la organización documenta con preocupación.
Las cifras oficiales refuerzan la urgencia. Entre 2018 y 2025, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia registró 35.058 denuncias de violencia contra menores. En el 56% de los casos relevados durante 2025, esa violencia ocurre a diario o semanalmente. Y se aclara que esos datos corresponden a una sola jurisdicción, por lo que no reflejan la totalidad de los hechos en el país.
"El 80% de los casos de violencia contra niñas, niños e adolescentes ocurre en su entorno cercano. Por eso es fundamental que las instituciones que trabajan con ellos cuenten con protocolos para prevenir estas situaciones y, cuando se detecten denuncias, tengan procedimientos claros que permitan actuar a tiempo", señaló Paula Wachter, directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia.
Los protocolos que exige la norma deberán tener especificidad según el tipo de institución e incluir mecanismos de formación del personal, canales de denuncia y articulación con los organismos de protección de derechos correspondientes. Las organizaciones que respaldan el reclamo insisten en que el Senado tiene la oportunidad concreta de saldar una deuda histórica con la infancia argentina antes de que termine el año legislativo.
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