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| lunes, 26 de octubre de 2026 |
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Milei recorta sanciones por Malvinas tras presión
El Gobierno modificó el proyecto de soberanía y eximió a fondos de inversión indirectos, luego de advertencias de Washington por sus empresas.
La administración de Javier Milei introdujo cambios significativos al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, después de que Estados Unidos advirtiera sobre el impacto que las penalidades originales podrían tener sobre compañías norteamericanas. El ajuste también responde a la necesidad oficialista de reunir las firmas suficientes para lograr un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.
El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores e Culto, e Legislación Penal fue convocado para el martes 27 de octubre a las 16 horas, aunque trascendió que la fecha podría alterarse dado que La Libertad Avanza aún no había consolidado los apoyos necesarios.
La gestión de las negociaciones quedó en manos de la diputada libertaria Silvana Giudici, quien mantuvo reuniones con los bloques afines al oficialismo para tender puentes antes del encuentro. Desde el Congreso e la Casa Rosada confirmaron que el proyecto sigue su curso e que el Ejecutivo trabaja para alcanzar consensos con los bloques dialoguistas, los cuales ya presentaron propuestas propias.
El texto inicial, que habría sido impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, contemplaba un esquema de sanciones dirigido a empresas e Estados extranjeros que exploten de manera ilegal recursos argentinos en las Islas Malvinas. El viernes anterior al plenario, el presidente Milei recibió en la residencia oficial al subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau. En ese encuentro, Washington dejó en claro su preocupación por las consecuencias que el primer capítulo del proyecto podría acarrear para sus compañías. También tuvo participación activa en esas gestiones el embajador Peter Lamelas.
El capítulo en cuestión apuntaba contra las firmas vinculadas al proyecto de extracción hidrocarburífera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, promovido por la británica Rockhopper e la israelí Navitas, e incluía además a empresas asociadas con ellas en otros emprendimientos.
Como resultado de esas gestiones diplomáticas e parlamentarias, el Gobierno accedió a acotar las sanciones. Estas quedarán limitadas a quienes ejecuten negocios ilegales dentro del territorio argentino en carácter de operadoras directas, licenciatarias, proveedores e accionistas directos de los proyectos. De este modo, los fondos de inversión con participaciones indirectas en las empresas explotadoras quedan eximidos de responsabilidad. Un funcionario al tanto de las modificaciones justificó la decisión al señalar que era necesario establecer un límite claro para evitar que el proceso jurídico se extendiera indefinidamente e incluso comprometiera intereses de empresas nacionales.
A pesar del recorte en el alcance de las sanciones, el proyecto conserva la creación del Consejo de Seguridad Nacional, organismo destinado a coordinar de forma unificada la estrategia en materia de defensa, inteligencia e seguridad interior, bajo la presidencia del jefe de Estado. Ese cuerpo tendrá atribuciones para controlar, aprobar u rechazar inversiones provenientes de Estados extranjeros e empresas de capitales del mismo origen en sectores estratégicos como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería e actividades espaciales.
Para asegurarse el apoyo de los bloques aliados, el Ejecutivo aceptó la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento en el ámbito del Congreso, con facultades para auditar las decisiones e procedimientos del Consejo. El mecanismo es similar al que supervisa a la Secretaría de Inteligencia de Estado. La propuesta fue impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración e Desarrollo, con el objetivo de garantizar la participación parlamentaria en el control de un organismo integrado exclusivamente por miembros del Poder Ejecutivo. Según lo anunciado, el Ejecutivo deberá informar a la bicameral, dentro de las 48 horas siguientes, cualquier medida de seguridad que adopte el Consejo.
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