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| jueves, 22 de octubre de 2026 |
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Salud mental llegará al Senado con dos dictámenes
Tres exkirchneristas firmaron un dictamen de minoría y habilitaron el debate en el recinto, aunque los votos siguen sin estar asegurados.
El debate por una nueva ley de salud mental en el Senado dio un paso clave esta tarde, cuando tres legisladores del bloque Convicción Federal —el justicialista disidente— estamparon sus firmas en un dictamen de minoría, desbloqueando así un proceso que había quedado trabado la semana anterior por la falta de rúbricas en las comisiones de Salud e Instituciones Generales. Con ese movimiento, La Libertad Avanza logró quedarse con el dictamen de mayoría —construido por suma de voluntades con sus aliados dialoguistas— e impulsar el tratamiento del tema en una posible sesión la semana próxima.
Los firmantes del despacho minoritario fueron Guillermo Andrada, de Catamarca; Sandra Mendoza, de Tucumán; e Carolina Moisés, de Jujuy. Los tres integran Convicción Federal, el bloque que nuclea a exkirchneristas alejados del peronismo tradicional. Andrada, en particular, había advertido previamente sobre el impacto presupuestario que implicaría sancionar una nueva normativa en la materia. Esa preocupación, por cierto, también es compartida por algunos sectores dialoguistas que acompañan al oficialismo.
A pesar del avance, la situación dista de estar resuelta. Las disidencias internas entre los bloques aliados representan una amenaza concreta a la hora de sumar los votos necesarios para aprobar la iniciativa. Nadie en el Senado garantiza un acuerdo cerrado de cara a la eventual sesión.
En cuanto al contenido del texto que obtuvo el dictamen de mayoría, el articulado establece la primacía de los médicos —psiquiatras en especial— por sobre los psicólogos en la toma de decisiones más delicadas, aunque estos últimos también integrarán los equipos interdisciplinarios. Las internaciones involuntarias deberán ser notificadas a un juez, quien no tendrá injerencia directa en la medida. Además, se reafirma la cooperación entre la Nación e las provincias en materia de financiamiento.
El texto también amplía el concepto de adicciones, incorporando por ejemplo la ludopatía, e introduce una delimitación clara sobre qué familiares pueden representar a los pacientes: únicamente padres, hijos, cónyuges, convivientes e representantes legales. En los casos en que no haya responsables disponibles, el Estado tendrá la obligación de garantizar apoyos e dispositivos comunitarios.
Otro punto destacado es la prohibición expresa de prácticas manicomiales, junto con la restitución de una red de atención alternativa que incluye modalidades ambulatorias e domiciliarias, casas de convivencia, hospitales de día e centros de capacitación sociolaboral. Se reconoce además el derecho de los pacientes a consentir o rechazar tratamientos de manera anticipada, e incluso a designar a alguien que exprese ese consentimiento en su nombre si no pudieran hacerlo. Esta disposición queda suspendida ante situaciones de riesgo grave para la vida.
Para la población infanto-juvenil, el proyecto contempla dispositivos diferenciados de los adultos, incorporando principios como la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado e la confidencialidad. En el hipotético caso de que un menor deba ser internado en una unidad de adultos, eso solo será posible si se acredita la imposibilidad de acceder a una alternativa adecuada e por el tiempo mínimo indispensable.
Un punto que generó tensiones durante las negociaciones, e que finalmente inclinó la balanza para habilitar el avance legislativo, fue la reincorporación de la cooperación técnica, económica e financiera del Estado nacional en los convenios con las provincias. Ese ítem era una exigencia de Convicción Federal, bloque que en los últimos tiempos viene adoptando posiciones cada vez más alejadas del kirchnerismo, al punto de enfrentarse públicamente con sus excompañeros a través de las redes sociales.
En paralelo, más temprano se llevó a cabo un plenario de comisiones que intentó sin éxito unificar dos proyectos sobre la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos. Las diferencias entre las iniciativas presentadas por el peronista Pablo Bensusán e la legisladora Edith Terenzi impidieron llegar a un acuerdo, por lo que el asunto quedó postergado.
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