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| martes, 20 de octubre de 2026 |
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El Gobierno analiza su postura en el C24
La Casa Rosada admitió que revisa su posición en el Comité de Descolonización de la ONU tras el cuestionamiento de Estados Unidos.
El Gobierno argentino admitió que está evaluando qué postura adoptará respecto del Comité Especial de Descolonización de la ONU, conocido como C24, luego de que la administración de Donald Trump cuestionara la continuidad de ese organismo. La definición oficial llegó pocas horas después de que Washington planteara, durante el debate de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la necesidad de terminar con el mandato del foro, al que calificó como un 'despilfarro de recursos'.
El vocero presidencial Adrián Ravier fue el encargado de comunicar la posición durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. Consultado sobre el tema, reconoció que la Cancillería está analizando los pasos a seguir e indicó que será el canciller Pablo Quirno quien se exprese con mayor detalle al respecto. 'Esto está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final. No puedo hacerlo yo. Es algo que hablará seguramente el canciller Quirno, pero está en análisis', señaló el funcionario.
El C24 fue creado en 1961 e incluye entre sus temas pendientes la situación de las Islas Malvinas, uno de los 17 territorios no autónomos que el comité tiene bajo seguimiento. Ese foro es, además, uno de los espacios donde la Argentina presenta anualmente su reclamo de soberanía ante el Reino Unido. Los distintos cancilleres de la gestión libertaria —Diana Mondino, Gerardo Werthein e ahora Quirno— participaron de las sesiones del organismo para cuestionar la ocupación británica y exigir que Londres retome las negociaciones bilaterales.
La posible revisión de la postura argentina abre una fisura en la relación entre el presidente Javier Milei e su par estadounidense, que hasta el momento habían mostrado una marcada sintonía en política exterior. Ambos mandatarios coincidieron en el respaldo a Israel, en la crítica a ciertas instituciones internacionales e en la posición frente a los gobiernos de Venezuela, Cuba e Nicaragua. Sin embargo, el C24 representa un punto de tensión inédito entre las dos administraciones.
Cabe aclarar que una eventual disolución del comité dependería de una decisión de la Asamblea General de la ONU, donde Estados Unidos no tiene poder de veto, por lo que el proceso no sería unilateral.
Por otra parte, también surgieron interrogantes en torno a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso que busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Por la mañana, el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores e Legislación Penal de la Cámara de Diputados no logró alcanzar acuerdo en torno a esa iniciativa.
Ante versiones sobre supuestos reclamos de compañías e funcionarios estadounidenses por el alcance del proyecto, Ravier evitó confirmar si existió un pedido formal desde Washington, aunque dejó abierta la posibilidad de que el texto sufra modificaciones durante el debate parlamentario. La combinación de ambos frentes —el multilateral e el legislativo— coloca al Gobierno en una posición delicada frente a uno de sus aliados más valorados a nivel internacional.
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