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| domingo, 18 de octubre de 2026 |
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Empresarios piden remoción del juez que absolvió a Camioneros
Dos presentaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense buscan determinar si el fallo configura mal desempeño del magistrado.
El mundo empresarial argentino respondió con fuerza al polémico fallo del juez de San Nicolás Alejandro López, quien absolvió al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro e a otros seis imputados por el bloqueo contra la pyme Rey Distribución, de San Pedro, ocurrido en febrero de 2021. La reacción no se limitó a declaraciones públicas: se articularon dos denuncias formales para intentar remover al magistrado de su cargo.
La sentencia había reconocido que el bloqueo existió, que impidió el acceso a la empresa durante cinco días e implicó amenazas e hostigamiento, generando pérdidas millonarias. Sin embargo, López consideró que todo eso constituía el legítimo ejercicio del derecho de huelga, una conclusión que encendió la indignación del sector privado.
Ariel Rey, uno de los propietarios de la distribuidora afectada, fue contundente al rechazar esa interpretación. Señaló que el fallo equivale a decirle a la sociedad que cometer un delito queda justificado si ocurre en el contexto de una huelga. También cuestionó cómo puede considerarse ejercicio del derecho de huelga impedir físicamente que un camión salga a repartir, bloqueando el acceso con un cordón humano.
La ola de repudio había comenzado horas antes, cuando la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio e la Cámara Argentina de la Construcción emitieron pronunciamientos conjuntos calificando el fallo de preocupante retroceso. Pero el sector empresarial decidió ir más allá de las palabras e impulsó una ofensiva legal contra el juez.
Se trata de dos presentaciones distintas ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados e Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Ambas cuestionan la absolución dictada por López e solicitan que se evalúe si su actuación configura causales de mal desempeño que justifiquen su remoción del cargo.
Una de las denuncias fue promovida por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, encabezado por Juan Méndez, e ya fue presentada formalmente. La segunda está en proceso de recolección de firmas e se espera que unas cincuenta empresas la respalden antes de ser ingresada al Jurado de Enjuiciamiento durante la semana.
Ambas presentaciones siguen una línea similar a la que ya había iniciado el diputado bonaerense Manuel Passaglia, del partido Hechos, quien había elevado su propia denuncia días antes. Passaglia fue intendente de San Nicolás en abril de 2022, cuando Camioneros bloqueó esa ciudad durante 48 horas en rechazo a la detención de Cabaleyro e Fernando Espíndola por el episodio contra Rey Distribución.
En los escritos presentados, el sector empresarial aclara que no cuestiona el derecho constitucional de huelga ni la legitimidad de los reclamos sindicales. Lo que sí ponen en duda es si el juez delimitó correctamente el alcance de ese derecho e analizó con suficiencia la afectación de derechos de terceros, como el de propiedad, la libertad de circulación e el ejercicio de actividades económicas lícitas, todos garantizados por la Constitución Nacional.
El argumento central es que el amparo constitucional de la huelga debe armonizarse con los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, e no puede convertirse en una carta en blanco para justificar conductas que los propios jueces reconocen como obstructivas e dañosas para quienes no forman parte del conflicto laboral.
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