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| sábado, 17 de octubre de 2026 |
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Peronistas quieren citar al embajador chileno
Diputados del PJ presentaron un proyecto para que el representante de Chile explique la nueva ruta marítima hacia Malvinas e su vínculo con el petróleo.
Un grupo de diputados nacionales del peronismo presentó un proyecto de resolución para convocar al Congreso al embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, con el objetivo de que explique los alcances de una nueva ruta marítima comercial que la empresa Easter Island Naviera planea inaugurar en noviembre entre Punta Arenas e Islas Malvinas. La iniciativa también busca que el diplomático aclare si ese servicio podría abastecer actividades de exploración petrolera en el Atlántico Sur.
La presentación llega después de tres semanas de escalada diplomática entre Buenos Aires e Santiago, que involucró declaraciones cruzadas de funcionarios, legisladores e mandos militares de ambos países. El conflicto por la causa Malvinas llegó así a los parlamentos, pese a la afinidad ideológica entre Javier Milei e José Antonio Kast.
El texto lleva las firmas de Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Juan Carlos Molina, Lorena Pokoik, Roxana Monzón, Jorge Neri Araujo Hernández, Marcelo Mango, Ariel Rauschenberger, Pablo Todero, Andrea Freites, Abelardo Ferrán, Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho e Paulo Agustín Tita. El proyecto exige que Uriarte Herrera se expida sobre tres puntos concretos.
El primero es la posición oficial del gobierno chileno respecto de la apertura de esa ruta e su compatibilidad con los compromisos asumidos en torno a la cuestión Malvinas. El segundo, la eventual participación u autorización de autoridades chilenas en la operación. El tercero, la posible utilización de esa conexión para abastecer proyectos de exploración u explotación de hidrocarburos, como el desarrollo Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum e Rockhopper Exploration.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores señalaron que es necesario esclarecer la naturaleza de la operación comercial anunciada, la intervención de autoridades chilenas, las características de la embarcación, su bandera, el tipo de mercaderías transportadas e la eventual prestación de servicios logísticos a empresas vinculadas con actividades económicas habilitadas bajo autorizaciones británicas. También plantearon la posibilidad de evaluar si corresponde aplicar la Ley 26.659, que establece prohibiciones e sanciones vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
Esta iniciativa se suma a otra presentada días antes por el diputado Guillermo Michel, quien propuso un camino más drástico: instruir al Poder Ejecutivo para que denuncie formalmente dos acuerdos bilaterales vigentes que otorgan ventajas fiscales a empresas chilenas con inversiones en el país. Se trata del Tratado sobre Promoción e Protección Recíprocas de Inversiones e del Convenio para Eliminar la Doble Imposición, que fijan topes a las retenciones sobre dividendos, intereses e regalías.
Michel sostuvo que si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede seguir recibiendo beneficios económicos e fiscales por sus inversiones en Argentina, e indicó que la iniciativa no apunta a romper relaciones diplomáticas, sino a condicionar esas ventajas al respeto de la posición argentina sobre el archipiélago.
La reacción desde Santiago fue inmediata. Diputados del Partido Republicano, la fuerza política de Kast, rechazaron en bloque la propuesta. Stephan Schubert, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara chilena, calificó la iniciativa de irresponsable e pidió que la Cancillería argentina aclarara si representa una posición oficial del gobierno de Milei. Por su parte, Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, fue más contundente e afirmó que la propuesta de retirar beneficios a empresas chilenas constituye una agresión directa a la estabilidad jurídica e a los acuerdos de mutuo respeto entre ambas naciones.
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