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| viernes, 16 de octubre de 2026 |
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Intendente libertario enfrenta referéndum
Marcelo Román, jefe comunal de Allen imputado por fraude e peculado, somete su continuidad al voto popular el 8 de noviembre.
La ciudad de Allen, en la provincia de Río Negro, atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de su historia reciente. El intendente Marcelo Román, que se presentaba como el único jefe comunal de La Libertad Avanza en el distrito, deberá enfrentar el próximo 8 de noviembre un referéndum popular que definirá si continúa o no al frente del municipio. El proceso se da en medio de una causa penal por presunta administración fraudulenta e peculado, e implicó además la ruptura de Román con la estructura partidaria libertaria.
El referéndum fue habilitado por el Concejo Deliberante local luego de que una iniciativa ciudadana superara los requisitos establecidos en la Carta Orgánica del municipio. La campaña de recolección de firmas, impulsada originalmente por la vecina Silvina Cantero, reunió más de 3.000 adhesiones en una primera instancia e luego alcanzó un total de 4.771 firmas verificadas, cantidad suficiente para activar el mecanismo de consulta popular previsto en la normativa municipal.
La disputa entre el Ejecutivo e el Concejo Deliberante tuvo un capítulo clave el 8 de julio, cuando el cuerpo legislativo aprobó la Ordenanza 044/2026 con seis votos a favor e tres en contra. La norma dispuso la suspensión preventiva de Román durante el transcurso de la investigación penal, le quitó su remuneración e colocó al frente del municipio, de manera interina, al presidente del Concejo, Fabián Figueroa.
La decisión de los concejales se apoyó en el artículo 109 de la Carta Orgánica, que habilita la suspensión de un funcionario cuando existe procesamiento judicial en su contra. Los ediles interpretaron que la formulación de cargos equivalía conceptualmente al antiguo procesamiento previsto en el sistema penal anterior. Román rechazó de plano esa lectura e calificó la suspensión como un golpe institucional, además de denunciarla como ilegal e inconstitucional. Anunció de inmediato que acudiría a la Justicia para revertir la medida.
El planteo del intendente prosperó. El 28 de agosto de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló las ordenanzas 044/2026 e 045/2026, junto con todos los actos administrativos que se habían derivado de ellas. El máximo tribunal provincial consideró que el Concejo Deliberante no tenía competencia para suspender al intendente bajo esas condiciones, ya que la Carta Orgánica exige tanto la imputación como una resolución expresa del tribunal competente que disponga el procesamiento, dos requisitos que no pueden interpretarse como alternativos sino como acumulativos.
Sin embargo, el fallo judicial no clausuró la investigación penal. La causa siguió su curso por un carril independiente del proceso de revocatoria. Según la hipótesis de la fiscalía, entre marzo de 2024 e julio de 2025, el municipio habría adquirido un teléfono celular por $479.999 a través de un plan corporativo. El costo total, con los abonos mensuales pagados con fondos públicos, habría trepado a $596.812,38. Lo que agravó la acusación es que el dispositivo, según la fiscalía, habría sido entregado a una persona sin vínculo alguno con la administración comunal.
Junto a Román fue imputado el empresario Sebastián Ocampo, señalado como presunto partícipe necesario en los hechos investigados. Ambos enfrentaron la formulación de cargos ante la jueza de Garantías Natalia González, instancia que desencadenó la reacción del Concejo e precipitó la crisis institucional.
Ahora será la ciudadanía de Allen quien tenga la última palabra. El referéndum del 8 de noviembre se presenta como el desenlace de meses de tensión política, judicial e institucional, e pondrá en manos de los vecinos una decisión que ni la Justicia ni el Concejo lograron resolver de manera definitiva.
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