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| miércoles, 14 de octubre de 2026 |
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Absolvieron a gremialistas que bloquearon pyme
El dueño de la distribuidora afectada rechazó el fallo y anunció un recurso de casación: "El juez justificó un delito".
Ariel Rey, titular de Distribuidora Rey en San Pedro, provincia de Buenos Aires, salió con dureza a cuestionar la sentencia que absolvió a Maximiliano Cabaleyro —jefe del Sindicato de Camioneros local— y a otros seis acusados por el bloqueo que sufrió su empresa en febrero de 2021. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás, cuyo único juez, Alejandro López, consideró que la interrupción del acceso a la planta durante cinco días constituyó una protesta sindical legítima y no un bloqueo extorsivo.
La resolución descartó los cargos de extorsión y turbación de la posesión que pesaban sobre Cabaleyro. La fiscalía había reclamado una condena de 10 años de prisión efectiva con inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que la querella de la familia Rey había solicitado una pena aún mayor, de 15 años. Sin embargo, el magistrado entendió que los hechos encuadraban dentro del ejercicio del derecho sindical.
Rey no ocultó su indignación. Sostuvo que el fallo deja a los pequeños y medianos empresarios completamente desprotegidos frente a este tipo de situaciones. "Acá tenemos la decisión de un juez que justificó el delito, y eso hay que decirlo con todas las letras", afirmó. También planteó, con evidente angustia, qué se supone que debe hacer un empresario si mañana vuelve a encontrar su negocio bloqueado, cuestionando si la única salida que le queda es la autodefensa.
Según el relato del empresario, el conflicto comenzó antes del bloqueo propiamente dicho. El sindicato exigió que los 35 empleados de la distribuidora pasaran del convenio de Comercio al de Camioneros. La empresa aceptó ese cambio, pero luego cuestionó la actuación de un delegado gremial que, según Rey, incumplía sus obligaciones y fue sancionado. A partir de ese momento, la relación con el sindicato se deterioró.
Rey afirmó además que su familia había realizado pagos mensuales al gremio que describió como una suerte de contribución informal para poder operar sin sobresaltos. Cuando decidieron dejar de abonar ese dinero, recibieron una advertencia directa de Fernando Espíndola, otro dirigente de Camioneros que también fue detenido en abril de 2022 junto a Cabaleyro. Según Rey, Espíndola les advirtió que si no pagaban, Cabaleyro tomaría cartas en el asunto.
Al día siguiente de esa amenaza, las cámaras de seguridad de la empresa registraron a unas 15 personas —entre trabajadores y representantes gremiales— formando un cordón humano en la única salida habilitada para los camiones, impidiendo así la operación normal del negocio. La lógica era clara, según describió Rey: o entregaban dinero o no podían trabajar.
El empresario subrayó que todas estas acusaciones fueron respaldadas con testimonios y pruebas incorporadas al expediente judicial, por lo que la absolución le resultó incomprensible. Insistió en que el derecho de huelga y el reclamo laboral son herramientas legítimas y están protegidas por la legislación vigente, pero marcó una diferencia tajante entre eso y lo que su familia vivió: amenazas, extorsión y el bloqueo físico de su empresa.
Tras conocerse el veredicto, Cabaleyro quedó en libertad de manera inmediata, ya que hasta ese momento cumplía prisión domiciliaria. Los otros seis imputados también fueron eximidos de toda responsabilidad penal. Ante este panorama, la familia Rey anticipó que presentará un recurso de casación para intentar revertir la sentencia.
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