miércoles, 14 de octubre de 2026
 
     
Universidades celebran multa y van a marchar

Las casas de estudio festejan la sanción al jefe de Gabinete y mantienen el reclamo. El Gobierno evalúa apelar el fallo judicial.



A pocas horas de una nueva movilización en defensa del financiamiento universitario, el escenario político y judicial se tensó aún más. La Justicia federal le impuso una multa diaria de 100.000 pesos al jefe de Gabinete Diego Santilli por no cumplir una medida cautelar que le ordenaba actualizar los salarios docentes y no docentes, y garantizar el fondo de becas aprobado por el Congreso mediante la Ley de Financiamiento Universitario. Fue el juez federal Martín Cormick quien fijó los llamados 'astreintes', una herramienta judicial que busca presionar al funcionario para que acate lo dispuesto. La medida respondió a una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció que el Estado seguía ignorando la cautelar que la propia Corte Suprema había confirmado el 25 de junio pasado. Desde el Gobierno nacional, la respuesta fue de cautela y análisis. La administración de Javier Milei evalúa apelar tanto la multa como el fallo de primera instancia que declaró inconstitucional una cláusula del Decreto 759/2025, con el que el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a que el Congreso asignara previamente las partidas presupuestarias correspondientes. La Procuración del Tesoro, conducida por Sebastián Amerio, lidera la estrategia legal, aunque por ahora no se concretó ninguna acción formal. El oficialismo defiende su postura argumentando que, desde diciembre de 2023, acumuló aumentos salariales del 226,80% para el sector universitario, incluyendo una suba del 21,33% dispuesta en junio. Sostienen que ese porcentaje es compatible con lo exigido por la cautelar y que no pueden asumir mayores gastos sin comprometer el equilibrio fiscal que es el eje central de la gestión libertaria. También intentaron que la apelación tuviera efecto suspensivo para no tener que afrontar los costos mientras se resuelve el fondo del asunto, pero el juez rechazó ese pedido. En el mundo universitario, en cambio, la recepción fue de euforia y alivio. Representantes de distintas casas de estudio celebraron la sanción económica y confiaron en que puede ser un punto de inflexión. 'No me paro de sorprender: un Gobierno multado por no cumplir una ley. No recuerdo un antecedente así', señaló un alto referente del sector. Además, advirtieron que el juez dejó en claro que tiene margen para ampliar el monto de la multa y sumar a otros funcionarios si el incumplimiento continúa. 'Es un papelón institucional', resumieron desde las universidades. Franco Bartolacci, presidente del CIN y uno de los impulsores de la demanda judicial, calificó la decisión como 'muy importante como inicio y antecedente en el proceso que sigue su curso'. La marcha universitaria de este jueves se perfila entonces como una nueva demostración de fuerza de un sector que, pese a la multa judicial, no da por resuelto el conflicto y mantiene la presión sobre el Ejecutivo.
   
     
 
 
 
 
 
 
 
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